(02 de marzo, 2015).- “El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante” indicó la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, en el reporte redactado tras una visita al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015. Como parte de un informe que el Gobierno mexicano objetó.
Para la CIDH, la “estrategia militarizada” para combatir el narcotráfico iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) e intensificada por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, empujó a México a “una grave crisis de violencia y de seguridad” que “ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos”.
La Comisión puntualizó que su “especial preocupación” se centra en las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y alertó sobre la “situación de inseguridad” de mujeres y niños, migrantes y activistas de derechos humanos, así como de periodistas en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
En esa situación, “se observa una falta de rendición de cuentas (de las autoridades) conforme a los estándares internacionales”, denunció la Comisión. El reporte de 265 páginas, indica las “deficiencias, insuficiencias y obstáculos” de la respuesta estatal a esos casos han convencido a muchos mexicanos de que los esfuerzos por lograr justicia son sólo una “simulación”.
Es así como cita, casos como la presunta ejecución sumaria por militares de al menos 12 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, o la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Además suman la “aparente colusión” entre policías y miembros del crimen organizado.
El gobierno mexicano debe “reconocer que hay una crisis grave”, dijo a AFP el presidente de la CIDH, James Cavallaro, haciendo un llamado a reformular el combate al narcotráfico, especialmente en el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana.
“No podemos tolerar que las fuerzas militares asuman funciones no propias y que hagan eso con índices de abusos altísimos, que se saldan sin la condena de los responsables”, aseguró Cavallaro. Enfatizó que en México más de 80 mil personas han muerto y 22 mil han desaparecido desde que se inició la guerra del narcotráfico a finales de 2006.
La respuesta del gobierno mexicano, ante dicho informe, fue el rechazó de los datos, y negó que el país se encuentre en una crisis de derechos humanos, además se agregó que las observaciones de la CIDH no reflejan el panorama general del país.
“Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, según un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
A su vez el Estado mexicano solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones, según el documento firmado también por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
El gobierno dijo que la investigación de la CIDH tiene sesgo ya que “se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”.
Aún cuando cada uno de los datos y cifras fueron documentados por la CIDH, con distintos elementos que dan cuenta de las deficiencias que han dado a paso a distintos tipos de violaciones a derechos humanos por parte de elementos de seguridad.
