(20 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Una mujer originaria de Michoacán que se dedicaba al corte de limón, salió de su ciudad natal por miedo a morir, por amenazas de los ‘comunitarios’ quienes exigían que sus dos hijos se unieran a ellos. La mujer comentó que en el pueblo se elevó el negocio de los seguros funerarios, ya que pasan a sus hogares a ofrecerlos puerta por puerta…”.
“Otra mujer desplazada de manera forzada en el mismo estado, que no quiso proporcionar su nombre, expresó que las autodefensas cuando acuden a un pueblo, la población tiene que unirse a ellos y si no lo hacen corren peligro, la mayoría que se une es gente indigente y drogadictos…”.
Estos dos breves testimonios fueron recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. Por medio de pequeñas historias como estas, la CNDH trató de documentar, por primera vez, cuál es la situación actual de México ante este problema poco estudiado por las instituciones del gobierno federal.
Presentado el pasado 11 de mayo, el informe de la CNDH reconoció que tiene detectadas al menos a 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, provocado principalmente por la violencia y la inseguridad ligadas al crimen organizado, de acuerdo con datos reportados por los gobiernos de estados y municipios, así como por los testimonios recopilados por la misma Comisión.
En el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) la CNDH lamenta que esta grave y creciente problemática no sea reconocida oficialmente por ninguna autoridad del país, pues está vinculada a múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulnerables.
El informe, de 232 páginas, señala que Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán son las principales entidades con reporte de desplazados. En este contexto la institución hizo un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión para que se realice un censo nacional sobre este fenómeno con el propósito de tener un diagnóstico preciso pues reconoció que su trabajo no es exacto, “el país carece de información completa, actualizada y verificable”, señaló el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del documento.
Cifras de CNDH se quedan cortas
Aunque el informe sobre desplazamiento forzado interno de la CNDH tiene el mérito de ser el primero que realiza una institución mexicana sus datos se quedan cortos en comparación con los que documenta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) quien en su estudio Desplazamiento Interno Forzado en México reconoce la existencia de 287 mil 358 víctimas hasta diciembre del 2015.
Para los activistas el DFI es una muestra adicional de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Al respecto Brenda Pérez Vázquez, coordinadora del Área del Desplazamiento Interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explica en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO que la diferencia entre las cifras es abismal.
En principio, “la cifra de 287 mil desplazados tampoco es oficial, es más ni siquiera se acerca a la realidad. Nuestro monitoreo se deriva del trabajo de periodistas y testimonios, pero este sólo reconoce desplazamientos masivos, aquellos que son visibles, pero nosotros identificamos en nuestro trabajo de campo que la mayor parte de los desplazados son gota a gota, gente que se va de su lugar de origen de manera imperceptible; la cifra podría llegar con base en datos de la a más de un millón y medio de personas”.
Ante el abrumador panorama la especialista insiste en que los órganos legislativos del país deben elaborar una Ley General para las Victimas de Desplazamiento Forzado Interno, “es necesario que existan garantías para que las víctimas del desplazamiento forzado interno gocen de manera prioritaria la protección de sus derechos; incluir medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para que se investiguen los hechos que las llevaron a huir; la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados, así como las garantías de seguridad para un retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”, señala Brenda Pérez.
Estado fallido
Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) consignan que el fenómeno de desplazamiento forzado interno surge, principalmente a causa de la violencia que generan grupos del crimen organizado sobre la población.
Sus documentos señalan que entre 2005 y 2010 los estados con alto índice de violencia que perdieron más población fueron Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Durango.
“Lo más criticable del gobierno ante esta grave crisis es que hemos documentado hechos en los que comunidades enteras salen, por ejemplo, a la cabecera municipal, y cuando llegan las autoridades les ofrecen un resguardo, un albergue o a veces hasta les pagan un hotel, pero más allá de eso no implementan ninguna acción. En Sinaloa en 2011 más de 40 comunidades fueron desplazadas básicamente a dos lugares: Guamúchil y Culiacán, pues desde que llegaron no han sido atendidos, incluso algunos que eran beneficiarios de programas sociales los perdieron”, explicó Brenda Pérez.
Finalmente la especialista sugiere que el desarraigo involuntario producido por la violencia del crimen organizado –principalmente- está rompiendo el tejido social en comunidades enteras por todo México y en el peor de los casos las comunidades que lo padecen no logran recuperar a toda su población y si lo hacen subsiste en ellos la constante incertidumbre de volver a sufrir el desplazamiento forzado.
