(02 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Cuauhtémoc, Chihuahua, se ha convertido en la nueva capital de las desapariciones forzadas, aseguran los habitantes, los familiares de víctimas, los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.
Según un informe de Amnistía Internacional, en aquella región han desaparecido “cientos de personas desde 2007. En tanto que las autoridades han demostrado ser ineficientes y poco diligentes para investigar estos casos, ya que en casi todos ellos las víctimas continúan desaparecidas y de las pocas que han aparecido, algunas son encontradas sin vida, casi ninguna ha regresado a su hogar”.
Datos oficiales indican que 1,698 personas se encuentran actualmente desaparecidas en el estado de Chihuahua. De las cuales, 351 pertenecen al municipio de Cuauhtémoc. La región se encuentra en la zona occidental del estado de Chihuahua, al norte de México. Es uno de los 67 municipios del estado; su cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, es una localidad de 114,000 habitantes6 que conforma un polo económico importante del estado debido a las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan.
En la última década en dicha ciudad, ha ido al alza la problemática de la desaparición de personas, siendo éste uno de los principales motivos de preocupación de AI. Quien se dio a la tarea de entrevistar familiares de personas desaparecidas en 22 eventos ocurridos en Ciudad Cuauhtémoc y sus alrededores entre 2009 y 2014 en los que habrían desaparecido 38 víctimas.
Tal es el caso de Eudor Osiris, quien desapareció el 20 de noviembre de 2013. “Ese día fue con un amigo y varias amigas a la inauguración de un salón de baile en el poblado de San Juanito, municipio de Cuauhtémoc. Al estar allí, tuvieron un altercado con otras personas en el estacionamiento y decidieron irse, pero dichas personas los siguieron, cuando él y sus acompañantes se dirigían a ciudad Guerrero.
Allí fueron detenidos por hombres armados desconocidos quienes les mencionaron el incidente en san Juanito, golpearon y esposaron a Eudor y a su amigo. Los atacantes los llevaron a la localidad de Santo Tomás y separaron a Eudor del resto del grupo. Ellos fueron conducidos detrás de una iglesia, después se escucharon disparos. Los perpetradores pidieron a una patrulla de policía de Ciudad Guerrero que llevara a las mujeres de regreso a San Juanito y les advirtieron que no hablaran”.
La familia de Eudor Osiris, contó a AI que en su caso no hubo una búsqueda auténtica por parte de las autoridades, porque no se ha buscado evidencia en los lugares mencionados por los testigos, ni se ha hecho ningún esfuerzo para identificar a los policías, ni a los otros hombres que participaron en los hechos.
El caso de José Rosario Hernández es distinto en su desarrollo, pero lleva finalmente a una desaparición forzada, el 23 de octubre de 2011, él salió por la tarde a visitar a una hermana, iba en su automóvil y lo acompañaban dos amigos. Cuando circulaban por calles de Ciudad Cuauhtémoc fueron detenidos por una patrulla de policía municipal y una de tránsito.
El oficial de tránsito se llevó detenido a José Rosario, desde ese momento su familia no lo ha vuelto a ver. Aquel día de la desaparición y los siguientes ninguna autoridad le dio información a la familia, en las oficinas de tránsito y de policía negaban incluso que la privación de la libertad hubiese ocurrido, aun cuando el automóvil de José Rosario había sido removido por una grúa por decisión de las autoridades y había testigos de la detención.
Luego de una investigación exclusiva de la familia, comentaron al órgano internacional, que lograron identificar al oficial que lo había detenido y lo interpeló para que declara lo que había ocurrido el día de los hechos, pero éste se negó. Lo que llevó a que la familia realizara presiones constantes para que el oficial fuera detenido, su juicio iniciaría en enero de este año, sin embargo la nula investigación de hechos y datos han hecho que no se logre avanzar en las respuestas de justicia y la ubicación de José rosario.
El activista José Adán Espinosa, quien se dedica a dar seguimiento a casos de desaparición forzada en algunos estados del norte y centro del país, comenta que aun cuando el ciudadano tiene derecho a conocer la verdad de cómo sucedieron los hechos, en México es una regla esconder el desarrollo de éstos y proteger a quienes los comenten, en caso de ser una autoridad, de cualquier rango.
“No demerito, pero las fuerzas de seguridad pública, protegen igual a un soldado o policía municipal, como a un General, esto es producto de la sobreprotección a fin de no quedar frente a la sociedad -la que aún sigue dormida- mexicana y la internacional como los culpables que son.
La manera en que se protege al culpable es insuperable, que incluso el derecho a la obtención de justicia se nulifica para el ciudadano de a pie, incluso lo aplican hasta para el empresario que con todo su poder no logra obtenerla. Aun cuando los familiares buscan la justicia, esta casi nunca llega, porque tampoco hay garantía de reparación de daños, sumado a que no se investiga, no les interesa hacerlo, usando todas sus vías para retrasar los casos, apelando al cansancio, la desesperación o el olvido de quienes exigen respuestas”, comenta el activista a este medio.
Otras de las graves deficiencias es que en distintos casos documentados por la organización, los familiares aseveran que la Fiscalía de Chihuahua informó que tenían que esperar 72 horas antes que se tomara la denuncia correspondiente, “pese a que esto no es un requisito legal. En un caso, una familia desesperada habría tenido que volver al día siguiente pues las autoridades alegaron que era ya muy tarde para recibir denuncias”.
Sobre lo cual el activista asegura que no existe un compromiso de ayuda al ciudadano y tampoco humanismo en quienes son los encargados de brindar apoyo y búsqueda, “incluso decirles que van por un caso de desaparición forzada ya les causa molestia, pareciera que es un insulto”.
Posiblemente es por esto que en Cuauhtémoc no todas aquellas familias que tienen víctimas de desaparición forzada denuncian, el principal motivo, como en todo el país es el miedo a que ya sea crimen organizado o elementos de seguridad pública tomen venganza por hacerlo, lo que lleva a percibir al mismo tiempo, “una colusión entre delincuentes y servidores públicos”.
En distintas ocasiones ha habido un rechazo generalizado hacia el gobierno del Estado, porque asegura la sociedad, no ha querido reconocer la existencia del problema, principalmente aquellas familias que han mantenido reuniones con Duarte, le han presentado los casos y el se ha mantenido firme al decir “afortunadamente en Chihuahua no está pasando eso”.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad del gobierno federal, se trata de 309 personas.
La mayoría son hombres con 286 casos, y de mujeres 23. Los cuales representan entre 18.3 y 20.8% de todos los casos registrados en Chihuahua, es decir mil 689, según información de AI.
