Recientemente el Gobierno del Ciudad de México presentó su Informe de Evaluación de Incidencia Delictiva de enero a septiembre de 2022. Los resultados, sin duda positivos, muestran varios aspectos que tienen que ver con la manera de abordar las violencias y las actividades delictivas desde las políticas públicas. La primer administración de izquierda en lo que fuera el Distrito Federal, la de Cuauhtémoc Cárdenas, apenas logra frenar en su breve tiempo el crecimiento de la violencia delictiva. A partir del año 2000, en la etapa más compleja de la historia política contemporánea, con el gobierno federal enfrentado abiertamente al de la capital de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante un modelo de proximidad, reduce la incidencia de los delitos de alto impacto, a contracorriente de la mayoría de los estados del país.
Con su administración bajo asedio federal inicia un proceso de reingeniería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que queda trunco por la intromisión de Vicente Fox mediante el uso político del linchamiento de policías federales en Tláhuac. Hay que decir que en ese trágico acontecimiento, la actuación de las autoridades federales fue, desde meses atrás, de una negligencia criminal. El Presidente utilizó su atribución de nombrar y remover tanto al Secretario de Seguridad como al Procurador local y Marcelo Ebrard fue sustituido por Joel Ortega Cuevas, quien sirvió más de caballo de Troya de Genaro García Luna que de Secretario. Por supuesto, en unos cuantos meses la SSP local sufrió un retroceso de años con un personaje que se sentía inamovible; lo fue hasta 2008. Tuvo que ocurrir una desgracia para que fuera insostenible su negligencia y su corrupción; Calderón cedió y pudo ser removido.
A partir de ese año, Marcelo Ebrard, como Jefe de Gobierno, retoma el proceso interrumpido en la SSP y en breve tiempo se logran institucionalizar procesos, procedimientos sistemáticos y mecanismos que van desde el seguimiento, el control y la evaluación operativa con apoyo tecnológico hasta la carrera policial, la profesionalización, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las acciones de prevención y proximidad. Los cifras del comportamiento delictivo de la ciudad comienzan de nuevo a bajar. Sin embargo, como decía uno de sus mejores funcionarios, “por desgracia, las instituciones tienen reversa”. Efectivamente, la transformación de instituciones es una tarea de largo plazo, pero de acción cotidiana en una misma dirección. La administración de Miguel Mancera (2012-2018) metió reversa sin haber frenado. La capital, nuevamente, sufrió un abrupto retroceso en la renovación de una de las instituciones más complejas de la administración pública. Campeó la simulación, la falta de control, la manipulación de estadísticas y la corrupción.
Un alto directivo de ese entonces declaró en 2019 que había recibido instrucciones de rasurar la estadística delictiva.
Como no podía ser de otra manera, el 2018 es un parteaguas en la política de seguridad del país y de la Ciudad de México, con una visión común de la vida pública que se ha articulado en la acción de gobierno como en ningún otro estado. En la capital de la República podemos constatar cómo, cuando convergen principios, compromisos y voluntad política entre niveles de gobierno, los resultados son tangibles e incuestionables. No se trata sólo de realizar modificaciones o ajustes a estructuras administrativas para hacerlas más eficientes y eficaces, sino que esa transformación tiene que ir de la mano de una política pública de bienestar que busque atender las causas sociales de las violencias y no sólo su sanción. Democratizar el acceso a educación, trabajo, alimentación y salud; mejorar la infraestructura y los servicios públicos, y promover la participación comunitaria en la reconstrucción de los tejidos sociales son factores que confluyen en la política de seguridad. Cabe decir que en los gabinetes de Construcción de Paz de la Ciudad concurren las áreas de Participación Ciudadana tanto de las alcaldías como del gobierno central y los jefes policiacos participan cotidianamente en la reuniones vecinales para atender necesidades y demandas de la gente.
La Ciudad de México tiene ventajas sobre otras administraciones estatales y problemáticas que no hay en ninguna otra. La política de seguridad ha aprovechado aquellas, diagnosticado correctamente las adversidades y ha enfocado sus esfuerzos en áreas clave para enfrentarlas. Su integración a la estrategia nacional, como en ninguna otra entidad, ha sido crucial para que entre enero y septiembre de este año hayan bajado en 50% los delitos de alto impacto, comparando el mismo periodo de 2019.
Una de las ventajas estratégicas de la Cdmx es que no hay policías municipales, propiamente dichas. Las alcaldías tienen un cuerpo policial relativamente pequeño, de unos 400 elementos asignados por la SSC a cada una, pero el mando último es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la coordinación se da mediante los gabinetes de construcción de paz. Ello permite que la mayor fuerza policial del país comparta en todo el territorio la misma estrategia, mando y orientación en su proceder; que sus controles sean más eficientes y su cobertura territorial más eficaz y ordenada, entre otras ventajas. Su extensión y geografía son factores a favor, en un territorio cuya mayor parte es relativamente plana y con buena infraestructura, lo que facilita la planeación y el despliegue de la fuerza. En ciertos aspectos, también suma su concentración poblacional en menos de la mitad de su pequeño territorio. Recordemos que casi el 60% de la entidad es rural y de baja densidad. Asimismo, se han aprovechado las herramientas que le proporcionan a la SSC las leyes en materia de investigación e inteligencia, que se conjugan con las de la Fiscalía y del gobierno federal.
En más de 50 operaciones conjuntas han dado fuertes golpes a la delincuencia organizada de alto perfil, sin uso excesivo de fuerza ni violación de derechos.
Uno de los aspectos que, por el contrario, representa un reto mayor en términos de seguridad es la conurbación y el gran flujo de personas y vehículos a través de una enorme frontera con dos estados, altamente poblada, y un área de influencia e intercambio cotidiano con al menos seis estados cercanos. La policía de la ciudad cuida a sus habitantes y a unas cinco millones de personas que diariamente vienen a realizar actividades aquí, por lo que la colaboración con las autoridades vecinas hace necesario fortalecer el enfoque metropolitano para atender, por ejemplo, el robo en transporte público, muy vinculado al flujo interfronteras y que sigue al alza en la Ciudad. La ampliación de los sistemas públicos de movilidad desde las periferias ayudará sin duda a mejorar en este rubro.
Otro aspecto relevante es que no sólo ha aumentado la detención de presuntos delincuentes sino su consignación a proceso. La fiscalía informó que entre 2019 y 2022 aumentó 115% el número de detenidos por secuestro, y la vinculación a proceso de personas generadoras de delitos de alto impacto pasó de 44.4% a 60.7%. Son avances cualitativos en la eficacia con la que está trabajando la SSC junto con la Fiscalía local y que pega en uno de los ejes de flotación de la delincuencia: la impunidad.
Los esfuerzos por hacer realidad el derecho al bienestar, del que vivir en un entorno seguro y libre de violencia delictiva es condición necesaria, han provenido siempre de los gobiernos de izquierda. Esos esfuerzos han tenido, sin excepción, la más férrea y casi delincuencial oposición de la oligarquía, de sus partidos al uso, principalmente del PAN, de los medios corporativos y de un cúmulo de organizaciones que se apropiaron de la noción de sociedad civil para convertirla en una marca privada de vividores del erario, sin ninguna responsabilidad pública, ya no se diga jurídica, sobre su proceder. Son exactamente los mismos que hoy se oponen, sin discusión, debate o propuesta -más que seguir haciendo lo mismo- a la estrategia de paz del gobierno federal y de la Cdmx.
Por primera vez tenemos una política de seguridad en sintonía con una política integral de gobierno, en cuyo centro están las personas como partes de un todo colectivo y no sólo como individuos con poder para ejercer derechos y, menos, para proteger privilegios. La seguridad es un bien público que en gran medida fue privatizado. Lo vemos con la Guardia Civil de Nuevo León cuidando tiendas de conveniencia y no a la gente; lo vimos en la expresión de Denise Dresser ante el Senado gringo cuando pidió más recursos para la guerra de Calderón: “Para que las personas como yo podamos sentirnos en casa nuevamente”, o en la petición silenciosa de Lily Téllez de contar con protección personal por parte de la Guardia Nacional al tiempo que la denuesta e insulta desde la tribuna del Senado.
La estrategia de Construcción de Paz está funcionando en todo el país como lo demuestra la evidencia, tanto las estadísticas como las encuestas del Inegi. Incluso en aquellas entidades o municipios en las que las autoridades son un obstáculo más que un apoyo hay tendencias decrecientes en la incidencia. La violencia más grave se ubica en sólo seis entidades y en unos 20 municipios. Por ejemplo, el homicidio, que tiene a Baja California en este grupo, se concentra en Tijuana, primer lugar del país con más del doble que la Ciudad de México.
Existen otros problemas, que se cruzan con el de la seguridad, que son muy relevantes y poco se discuten. En particular sólo señalo el del incremento en la accesibilidad del fentanilo, que cada vez aparece con mayor frecuencia combinado con drogas menos “duras”.
El avance en aquellos lugares más conflictivos dependerá del compromiso y responsabilidad de los gobiernos locales, ya que la mayoría de los delitos, incluyendo los graves, son de orden común y a ellos les corresponde atenderlos. El gobierno federal ha desplegado los mayores recursos de los que dispone en su apoyo, no para sustituirlos o para que se desentiendan de su obligación. La Ciudad de México es el mejor ejemplo de que la participación responsable en la Estrategia Nacional de Construcción de Paz hace posible ejercer el derecho a la seguridad con justicia y bienestar para todos.
Referencias
Gobierno de México. Informe de Seguridad. Septiembre. 20/10/2022. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/770103/CPM_Informe_de_seguridad__20oct22.pdf
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- Andrea Gómez. “En CDMX, delitos de alto impacto se redujeron 48.8% de enero a septiembre.” Contralínea.13/10/2022. https://contralinea.com.mx/interno/semana/en-cdmx-delitos-de-alto-impacto-se-redujeron-48-8-de-enero-a-septiembre/
- Gobierno de la Ciudad de México. “La Ciudad de México es muestra de que la estrategia de paz es la correcta: Claudia Sheinbaum.” Boletín informativo. 13/10/2022. https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-ciudad-de-mexico-es-muestra-de-que-la-estrategia-de-paz-es-la-correcta-claudia-sheinbaum
Expansión. Política. “¿Maquillaron cifras de inseguridad con Mancera? Un exfuncionario dice que sí.” 04/04/2019. https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/04/04/maquillaje-cifras-de-inseguridad-con-mancera-un-exfucionario-dice-que-si
- Expansión. Política. “La PGJ-CDMX investiga a 106 por “maquillar” cifras delictivas, según un reporte.” 24/07/2019. https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/07/24/la-pgj-cdmx-investiga-a-106-por-maquillar-cifras-delictivas-segun-un-reporte
Hernández Hernández, Gerardo. (2015). Análisis de la política de seguridad en México 2006-2012. Política y cultura, (44), 159-187. Recuperado en 23 de octubre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422015000200008&lng=es&tlng=es.
