(05 de enero, 2016).- En 2 estancias médicas de Ensenada, Baja California (BC), pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hubo violencia obstétrica e institucional en contra de una mujer indígena de 18 años, quien por la inadecuada atención médica perdió a su recién nacido en 2014, por tal hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (50/2015) para el instituto de salud gubernamental.
La recomendación está dirigida a José Antonio González Anaya, director general del IMSS, donde se señalan las evidencias que demuestran las violaciones institucionales cometidas por el personal de la Unidad de Medicina Familiar 13 y del Hospital Rural Prospera número 69.
La CNDH exige una reparación integral del daño, que incluye una indemnización, atención médica y psicológica, así como la inscripción de la madre y el padre en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Además recomienda a las dos estancias médicas capacitar, supervisar y aplicar las medidas necesarias para los médicos residentes y pasantes del servicio social, así como capacitarlos en derechos humanos con perspectiva de género y en las normas oficiales mexicanas.
La CNDH describió que la mujer indígena tenía 40 semanas de gestación, al sentir los dolores de parto acudió a la Unidad de Medicina Familiar 13 del Valle de San Quintín, Baja California, en la instancia médica le realizaron una revisión y se le dio un pase para que le practicaran una cesárea en el Hospital Rural 69, lugar donde le realizaron un ultrasonido y tacto vaginal, y el doctor dictó que el parto sería podálico y no se haría la cesárea.
El bebé nació por parto vaginal y se atoró aproximadamente 25 minutos, lo que ocasionó la insuficiencia de oxígeno y sangre en el cerebro; lo trasladaron al Hospital General de Ensenada, lugar donde falleció por sufrimiento fetal agudo (estado que altera la fisiología fetal antes o durante el parto, por lo que las probabilidades de morir son altas o aparecen lesiones permanentes en un período relativamente breve).
Cabe recalcar que en diciembre de 2015, la CNDH emitió recomendaciones para los gobiernos de Veracruz, Chiapas y Tabasco, porque en sus hospitales, dependientes de la Secretaría de Salud, violaron el derecho a la vida de bebés, además de la violencia obstétrica que sufrieron las madres.
