Luego de que una mujer informara que el 6 de noviembre de 2015 fue detenida junto con su esposo y sus tres hijas por elementos de la Policía Federal (PF), quienes además ingresaron a su hogar y sustrajeron diversos artículos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR) y a Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Esto, tras acreditar violaciones a los derechos a la libertad personal y a la integridad personal por actos de tortura en contra de la familia de la mujer, además de agravio a tres de menores de edad.
La mujer relató que los agentes de la PF subieron a su esposo a un vehículo oficial, mientras que ella y las tres niñas, fueron obligadas a subir a su propio automóvil, les cubrieron el rostro con y las amenazaron con dispararles con sus armas.
“A las niñas no se les permitió acudir al sanitario durante su privación ilegal de la libertad por lo que realizaron sus necesidades fisiológicas en sus ropas, aunado a que tampoco se les proporcionó alimento. Indicó además que fueron trasladadas a un lugar donde escucharon los gritos de dolor provocados por los golpes inferidos a su esposo y padre, respectivamente, también señaló que, al día siguiente, alrededor de las 13 horas, fueron abandonadas en una carretera estatal y amenazadas con causarles daño si denunciaban lo ocurrido” – indicó el organismo.
Su pareja, que trabajaba en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR por su probable responsabilidad en el robo de combustible.
Luego se su investigación, la CNDH acreditó que la mujer y las menores fueron privadas ilegalmente de la libertad, “toda vez que no se les atribuía la comisión de delito alguno y con su detención se generó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por parte de la autoridad responsable”.
Respecto al padre de las niñas, la comisión informó que hay evidencias suficientes para acreditar que fue detenido de manera arbitraria, pues, aunque se le imputaba la comisión de un ilícito, no se cumplieron los requisitos constitucionales establecidos para llevar a cabo su detención, además de que hubo una dilación de 27 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Después de realizar diversos estudios psicológicos a las niñas y su madre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que fueron víctimas de tortura por las amenazas hechas en su contra, las privaciones a las que se les sometió y por exponerlas a escuchar los actos de violencia cometidos en contra de su familiar, lo cual les causó un daño emocional.
También, se concluyó que el esposo fue agredido física y psicológicamente para que aceptara los delitos que se le estaban imputando.
“Por lo que respecta al derecho de acceso a la justicia, se comprobó que la Procuraduría General de la República no ha realizado las acciones necesarias para investigar diligentemente los actos cometidos en contra de las víctimas, luego de la denuncia de hechos presentada ante esa instancia desde el 1 de diciembre de 2015, además de que un servidor público de la PGR proporcionó a este Organismo autónomo información no correcta sobre el caso” – agregó el organismo.
La CNDH explicó que no está en contra de la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades, pero “enfatiza que dichas acciones se deben llevar a cabo respetando los derechos humanos establecidos en la normatividad nacional e internacional”.
De esta manera, la comisión solicitó a Alberto Elías Beltrán continuar con la investigación de los hechos, además de colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno y la Visitaduría General de la dependencia.
Así, la PGR deberá diseñar e implementar un protocolo de actuación que exponga los lineamientos a seguir en casos donde estén involucradas personas menores de edad con adultas que sean detenidas, que se considere la intervención de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional o estatales, y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Mientras que, a Renato Sales Heredia, la CNDH le pide reparar de forma integral los daños ocasionados a las personas afectadas, incluyendo una compensación, atención psicológica y que sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.
