La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso bajo la lupa el manejo del caso Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, al documentar omisiones graves en la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
A través de la Recomendación 11/2026, el organismo concluyó que durante la intervención del predio —donde colectivos de búsqueda localizaron en marzo de 2025 restos óseos, hornos y objetos personales vinculados a desapariciones— no se siguieron protocolos básicos para preservar evidencias, lo que derivó en indicios sin asegurar, restos humanos sin inventario y hasta vehículos que desaparecieron del lugar.
Emitimos la #Recomendación 11/2026 a @FiscaliaJal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por omisiones en el procesamiento de evidencias en el #RanchoIzaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Esto provocó violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a… pic.twitter.com/sym8FEdZxf— CNDH en México (@CNDH) March 5, 2026
La investigación de la CNDH establece que la falta de resguardo adecuado del sitio comprometió elementos clave para la búsqueda de personas desaparecidas, un problema especialmente delicado considerando la magnitud del hallazgo.
Un rancho asegurado pero con evidencias sin resguardo
El origen del caso se remonta al 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional entregó el inmueble a la Fiscalía estatal junto con 10 personas detenidas.
En el predio se localizaron siete vehículos, armas de fuego, indicios balísticos, objetos de interés criminalístico y un elemento óseo, materiales que debían ser identificados, documentados y asegurados bajo cadena de custodia.
Sin embargo, la CNDH acreditó que ese procedimiento no se realizó conforme a los protocolos. En varios casos no existe registro formal de aseguramiento, mientras que algunas prendas ni siquiera cuentan con constancia de haber sido procesadas como evidencia.
Restos óseos localizados pero no asegurados
El 3 de octubre de 2024, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó una búsqueda específica en el rancho para detectar posibles puntos de inhumación clandestina.
Durante esa diligencia se localizaron restos óseos y diversos objetos, pero según la investigación del organismo nacional ninguno fue asegurado, clasificado ni inventariado.
Incluso, la CNDH detectó que algunas de las evidencias encontradas dentro del predio ni siquiera fueron mencionadas en los dictámenes periciales correspondientes, lo que representa una omisión significativa dentro de la investigación.
Tres vehículos desaparecieron del rancho bajo resguardo
Otro de los hallazgos señalados en la recomendación es que de los siete vehículos encontrados en el lugar, ninguno cuenta con dictámenes periciales que acrediten su procesamiento técnico.
Más aún, tres de esas unidades fueron sustraídas del predio el 25 de noviembre de 2024, cuando el rancho seguía oficialmente bajo resguardo de la Fiscalía estatal.
Para la CNDH, este hecho refleja un incumplimiento directo de la obligación de asegurar el inmueble y preservar la evidencia existente en el lugar.
Ingreso de personas alteró el sitio de investigación
El organismo también documentó que el 20 de marzo de 2025, un día después de que personal de la propia comisión acudiera a realizar diligencias de observación, se permitió el ingreso de un número considerable de personas al rancho.
En ese momento, el predio aún se encontraba en proceso de intervención pericial, por lo que el acceso alteró el área y comprometió posibles indicios que pudieran encontrarse en el sitio.
La CNDH señaló que la responsabilidad de permitir ese acceso recae directamente en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Muestras de ADN tardaron hasta seis meses en compararse
La revisión del caso también detectó retrasos significativos en los análisis genéticos.
Las muestras biológicas recolectadas el 20 de septiembre de 2024 fueron enviadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su estudio, pero el dictamen de genética fue emitido hasta el 19 de marzo de 2025, es decir, seis meses después.
La comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas también se realizó hasta marzo de 2025, lo que prolongó el proceso de identificación de posibles víctimas.
Más de 1,800 indicios publicados sin cadena de custodia
Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación fue la publicación en internet de 1,842 indicios vinculados al caso.
De acuerdo con la CNDH, el IJCF difundió en su página oficial un archivo con la clasificación, descripción y fotografías de esos elementos, sin que estuviera debidamente garantizada su cadena de custodia.
Esta situación generó preocupación sobre el manejo de los elementos probatorios dentro de la investigación.
Lo que exige la Recomendación 11/2026
Ante estos hechos, la CNDH instruyó a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a cumplir una serie de medidas en un plazo máximo de seis meses.
Entre ellas destacan:
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa dirigido a las víctimas.
- Elaborar o actualizar protocolos de preservación de escenas del crimen, manejo de indicios y cadena de custodia.
- Colaborar en los procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados.
- Implementar programas de capacitación especializada en derechos humanos e investigación forense.
Con esta recomendación, el organismo nacional busca fortalecer los mecanismos institucionales de investigación y garantizar que los procesos relacionados con personas desaparecidas se realicen con los estándares técnicos y legales correspondientes.
