(13 de noviembre, 2015).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en base a su informe especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos, pidió a las autoridades ministeriales investigar el origen de las armas, el financiamiento y los posibles vínculos de las autodefensas con el narcotráfico.
La CNDH señaló que las autodefensas no son la solución para enfrentar la problemática de inseguridad en México, ya que el único responsable es el Estado, y recalcó que el objetivo principal de como surgieron las autodefensas (para proteger a la población del crimen organizado), ha cambiado con el tiempo.
La Comisión en su informe de casi 29 mil hojas aseguró que tienen en su poder cientos de testimonios donde se afirma la entrada a las autodefensas de integrantes del crimen organizado, quienes sólo buscan abarcar más territorio con fines ilegales.
Las autodefensas en Michoacán han realizado acciones por la justicia, la reparación del daño y recobrar la seguridad en la entidad, pero el Estado no puede no hacer nada ante la presencia de estos grupos de la sociedad civil armados, ya que no puede “negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias”, informó la CNDH.
El Estado tiene la responsabilidad con las y los habitantes de México de proveer seguridad y fortalecerla en zonas con una fuerte presencia de la delincuencia organizada, como lo es en Michoacán, donde como acción inmediata debe recobrar sus funciones, las cuales no ha ejercido, declaró el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
Luis Raúl González detalló que el informe tiene datos desde el año 2000, cuando se registró el aumento de violencia y criminalidad en Michoacán y fue empeorando año con año hasta tener su mayor nivel en 2011 y 2012.
La entidad estudiada ha sufrido diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos como extorsión, desaparición, secuestro, violación, daño patrimonial, desplazamientos forzados, delitos en su mayoría cometidos por el crimen organizado, principalmente por los Caballeros Templarios, todo esto en un contexto de constante impunidad y la fuerte ausencia de las autoridades gubernamentales estatales y municipales para hacer justicia.
El informe hace un llamado a través de 55 recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Congreso de la entidad para iniciar acciones concretas para mejorar la situación de violencia en Michoacán, entre ellas reforzar las agencias del Ministerio Público.
