Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han tenido una actuación “omisa e ineficiente” en varios casos, donde no sólo no han apoyado a quienes solicitan su ayuda, sino que incluso los han perjudicado más al mantenerlos en un estado de indefinición desgastante, explicaron víctimas de violaciones graves de derechos humanos, quienes señalaron que “la razón que ambas instituciones hayan tenido tan mal desempeño es la corrupción o la complicidad con los perpetradores de los abusos”.
Durante una rueda de prensa, se presentó una de las historias que trata de los adolescentes David Ramírez y Miguel Ángel Rivera, quienes fueron secuestrados en enero de 2012, cuando viajaban de Ciudad de México al estado de Guerrero.
Los familiares de ambos jóvenes denunciaron que existe “ineficacia de los cuerpos policiacos encargados de investigar el hecho y dar con el paradero de ambos jóvenes”, pero también subrayaron que “la CNDH nunca se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de que ya conoce esta historia, ni tampoco ha emitido una recomendación al respecto”.
Por su parte, Fabián Goyzueta, padre de uno de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, lamentó que “la CEAV y la CNDH no hayan ayudado a los familiares de los menores que perdieron la vida, e incluso en algunas ocasiones se han negado a recibirlos”.
Para el denunciante, acudir ante ambos organismos “es una pérdida de tiempo porque son el enemigo número uno de las víctimas. Pese a lo que hemos batallado, el gobierno se burla de nosotros. Dicen que están trabajando, pero han pasado 100 meses (desde que ocurrió el incendio) sin que haga nada”.
Édgar Mondragón, padre del niño Ismael Mondragón, fallecido en diciembre de 2004 por un acto de negligencia médica en el Hospital Infantil del estado de Sonora, hizo un recuento de las circunstancias en que murió su hijo y coincidió en que “la CNDH y la CEAV no actuaron con firmeza para ayudarlo a él y a su familia, y sólo atendieron el caso por encima”.
Carlos Alberto González Campo, colombiano residente en Guerrero, se sumó a las críticas en contra de los dos organismos, a los que acusó de “solapar” a los cuerpos policiacos municipales “que secuestraron a su hijo hace cinco años, e incluso pidió la inhabilitación de quienes dirigen las dos comisiones, por su incapacidad para dar ayuda a las víctimas”.
