Coahuilenses tendrán que pagar 50 mdp para construcción de cuartel militar; entidad que acusa al Ejército de desapariciones

(07 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Coahuila ocupa el segundo lugar en personas desaparecidas por funcionarios, según ha informado la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec), cuyos datos fueron obtenidos de un informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo las cifras de la Procuraduría siguen manteniendo errores, puesto que a decir por la misma organización, mientras la dependencia contabiliza alrededor de 19 casos, el número es mucho mayor, ya que aun cuando las familias denuncian los hechos, no son catalogados como ausencia forzada.

Para Fundec, desaparición es cuando “hay participación directa con funcionarios del estado”, en cuanto a lo “forzado”, consideran que todas las ausencias de este tipo lo son, ya que “no se pudieran dar si no hay permisibilidad del estado”.

Mientras la dependencia tiene dichas cifras, tan sólo Fundec tiene al menos 20 casos de desaparición forzada, existiendo pruebas en que en éstos, existió participación directa de Ejército, Policías Estatales, Policías Federales o funcionarios del gobierno.

Además de dichos casos, se señala los de personas que por temor prefieren no denunciar, y a quienes sí lo hacen, pero no las toman como ausencias forzadas, es así como el número parece disminuir, pero no por ello dejan de existir, a decir por Natalia Pérez, socióloga, especialista en temas de seguridad mexicana.

“Estamos frente a un fenómeno generalizado, tanto como la tortura, relacionada puntualmente con militares, con el Ejército que se siente poderoso frente al pueblo, a quienes desaparecen y después ejecutan, porque el Estado les dio el derecho de matar.

Aunque también es una misión, ya que invierten incluso en bases militares bajo el argumento que es para cuidar al ciudadano y enfrentar al narcotráfico, cuando ni es la forma, ni lo enfrentan, lo que sí hacen es ejercer control sobre una población e intimidación de éste, violando sus derechos humanos y abusando incluso de las mujeres”, comenta la especialista.

Una más de las afectaciones que padecen los familiares de las víctimas cuando denuncian la desaparición y en sus testimonios la relacionan con el Ejército, el tipo de delito cambia, ya que será sustituido como una ‘privación ilegal de la libertad’, o simplemente ni siquiera existe una definición para el delito en los registros.

“Los habitantes donde existe una base militar por estos hechos, no ven a un protector, sino un potencial enemigo que llegará a quitarles su poca o mucha tranquilidad, porque además ya saben que si les pasa algo, el delito quedará impune y las amenazas no se harán esperar, para la gente es más un estado de sitio la llegada de militares, que un beneficio, es más lo último nunca lo es”, asevera Pérez.

Quien ve como un problema en aumento a las desapariciones forzadas, no solamente ante el clima de impunidad que protege a los elementos de la milicia, sino también por la expansión y aumento de cuarteles en Coahuila.

Ya que con la nueva construcción de un cuartel militar, serán los propios municipios quienes paguen por ellos, como ejemplo, a Saltillo le corresponderá aportar un millón 250 mil pesos, de manera mensual durante aproximadamente 10 meses para la construcción del mega cuartel militar en San Pedro de las Colonias, según informó en días recientes el Secretario de Finanzas del Estado, quien también afirmó que Torreón también aportará la misma cantidad que Saltillo.

Así, entre los 38 municipios de Coahuila deberán aportar un total de 50 millones de pesos para la construcción de dicho cuartel, donde estarán asignados aproximadamente 3 mil efectivos castrenses.

En el caso de Ramos Arizpe, será el municipio que aporte 184 mil pesos mensuales durante el mismo tiempo, en tanto que San Pedro, demarcación que será sede de las instalaciones militares, tendrá que aportar con 102 mil pesos mensuales. Y será el gobierno del Estado el que contribuya con 25 millones de pesos mensuales.

El costo total del llamado mega cuartel, que tendrá un espacio de poco más de 320 hectáreas, se estima será de aproximadamente 500 millones de pesos, aunque podría ser un poco más, puesto que habrán recursos federales aportados para la obra.

“Quien va a llevar a cabo la construcción de la obra es la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces los empresarios van a estar en comunicación con la Secretaría de la Defensa para ofrecer los materiales de construcción y equipamiento que requiera la construcción de este cuartel a precios de costo, si es que los tienen ellos”, habría señalado el secretario de finanzas.

“Será el Ejército quien dicte las órdenes de cómo será la construcción, seguramente la manera en que se conducirán sus elementos, el objetivo de su instalación, a los habitantes les tocará solamente ver cómo se realiza y se conduce la obra, cuando son ellos quienes ponen el dinero de los impuestos, pero no importa si quieren o no un cuartel militar, que lejos de protección, con éste llega la intimidación y el temor a ser víctimas de violencia, por parte de los militares”, asevera Pérez.

Agrega que, “Coahuila siendo un segundo lugar en desapariciones forzadas por elementos del Ejército y otros funcionarios, ahora con un cuartel cerca, ¿qué sigue? porque lamentablemente ningún poblador confía en su ejército, ya ningún mexicano, un cuartel hoy y desde de la época de Fox, es sinónimo de tortura, ejecución, desaparición y falsos positivos, los tres sexenios, los tres gobiernos lo han sido, hablamos de preferir a las Fuerzas Armadas que a la construcción de viviendas dignas, escuelas, hospitales, hablamos de represión por encima de progreso social”.