(28 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados se negó a emitir un pronunciamiento formal respecto a la salida de territorio mexicano del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a solicitar, como órgano legislativo, que el Ejecutivo federal amplíe el mandato de los enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que –todavía- coadyuvan en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de que en al menos tres ocasiones durante la reunión ordinaria de este miércoles, la diputada Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, planteó el tema, la presidenta de la comisión, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, desestimó la petición bajo el argumento de que no había los consensos necesarios.
“Pido a esta comisión que se manifieste porque el GIEI continúe su mandato en México; ya en una ocasión lo había planteado y no llegamos a nada. Antes tomábamos decisiones por consenso, por eso les pido que esta vez hagamos un esfuerzo por sacar esto. El objetivo es darle un poco más de luz al caso; hagamos un esfuerzo, fijemos una postura así como lo hizo el Congreso de Guerrero donde se aprobó, por unanimidad, un exhorto al Ejecutivo federal para solicitar se amplíe la estancia del GIEI en nuestro país”, planteó Toledo y pidió a sus homólogos poner por encima de partidos e ideologías, la necesidad de develar qué pasó en los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
“Diputada, escucho su propuesta; sin embargo, esto ya fue votado. No hubo los consensos para hacer esta manifestación. Si usted se acuerda, incluso se rechazó de entrada y mientras no ganemos en disposiciones, simple y sencillamente ya formó parte de la sesión, ya se votó, ya se desechó”, sostuvo Guadalupe Murguía para dar carpetazo al planteamiento.
Murguía Gutiérrez explicó que en una mesa de diálogo con padres y familiares de los jugadores del equipo Los Avispones, de Chilpancingo, les plantearon su preocupación de que la Procuraduría General de la República (PGR) pudieran ser considerados en algún grado responsables de los hechos ocurridos en Iguala o de “haber repelido la agresión”, luego de que dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, cuando más bien fueron víctimas de esta.
A petición de los familiares, la comisión especial solicitó información al respecto a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, la PGR informó que ni siquiera tenía conocimiento del tema hasta que el órgano legislativo envió la solicitud de información.
Guadalupe Murguía explicó que en el documento de respuesta, la dependencia señala que “están excluidos, así lo dicen, de cualquier responsabilidad, los jóvenes a los que se les practicaron las pruebas que forman parte del protocolo cuando hay una escena de delito, pero que esto no implica revictimización en ningún sentido”.
Reuniones, prácticamente truncas
Minutos antes de concluir la reunión de la comisión, la presidenta informó que aún sigue pendiente ultimar los detalles sobre la solicitud que los padres y familiares de los normalistas desaparecidos presentaron para que les fuera permitido dirigirse a los legisladores en el Pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, recordó que esta petición fue rechazada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que la reunión se llevará a cabo, pero sólo con un grupo de diputados y en otro espacio del Palacio Legislativo, no en el salón de sesiones.
La diputada de Morena, Araceli Damián González, precisó que si bien la Junta acordó que sí se llevará a cabo la reunión, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa serán los encargados de definir la fecha, hora y lugar para que esta se concrete.
“Ante la negativa de poder asistir al Pleno, se habló de la posibilidad de que, en comisiones unidas, se convocara la reunión en lo que conocemos como ‘el Salón Verde’, que también requiere autorización de la Junta de Coordinación Política, pero no hubo acuerdo, ni a favor ni en contra y estaríamos esperando que esto se pudiera dar”, dijo la presidenta de la comisión.
Munguía informó que aunque las solicitudes de la diputada Damián González para que se invitara a una reunión al Comité de Estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a la Federación de Estudiantes Socialistas de México, al director del Hospital General de Iguala, al propietario del Hospital Cristina y al exsecretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero –quien presuntamente no ha sido llamado a declarar- y quien estuvo al frente de la averiguación, fueron aprobadas, no hay avances sobre las fechas y condiciones en que podrían darse los encuentros.
También se busca entablar diálogo con los choferes de los autobuses que fueron agredidos, e incluso con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La diputada Marbella pidió que también se busque e invite a una mesa de trabajo a James Cavallaro, relator para México de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH), pues él se comprometió a dar seguimiento a los aportes del GIEI a la investigación sobre el caso Ayotzinapa.
La secretaría técnica de la comisión informó que envió oficios a los arriba enunciados, pero no ha recibido ninguna respuesta, a pesar de que ya se han reiterado las invitaciones; en el caso del exfuncionario de Guerrero; por ejemplo, no se cuenta siquiera con un domicilio para hacerle llegar la invitación, por lo que se solicitó la ayuda del actual gobierno para localizarlo.
Para ubicar a los choferes de los autobuses agredidos, se envió un oficio a la empresa “Estrella de Oro” –propietarios de los autobuses 1568 y 1531- pero no quisieron recibirlos; es más, ni siquiera los leyeron.
La empresa “Estrella Roja”, de Cuautla –propietaria del autobús con número económico 3278, el llamado “quinto autobús”- sí recibió la solicitud, pero su representante legal, Nátali Méndez, respondió que el operador referido había dejado de laborar para ellos desde el año pasado; que ya había declarado y que su identificación y localización obraba en la averiguación previa que tiene abierta la PGR, por lo que si se necesitaba algún dato, tendría que solicitarse a dicha dependencia.
Respecto a los choferes de los camiones de la empresa “Costa Line” –con número económico 2012 y 2510- el representante legal manifestó la intención de presentar a los dos operadores con el pleno de la comisión, pero falta determinar la fecha de dicha reunión.
Estos dos últimos autobuses, junto con el Estrella de Oro 1568 –del que se llevaron a los normalistas- fueron agredidos en el primer ataque realizado en las inmediaciones de Juan N. Álvarez.
