José Jacques y Medina y Marta Sánchez Soler / Movimiento Migrante Mesoamericano
“Este mediodía dejo el albergue de migrantes La 72, luego de reiteradas amenazas de muerte de parte de bandas del crimen organizado que secuestran y extorsionan a migrantes. Decidí salir por un tiempo indefinido debido a que el peligro es inminente y mi vida corre peligro. No existen garantías, no existe un mecanismo que pueda garantizar nuestra labor, mucho menos la integridad física y los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por esta zona. Mientras la corrupción, la complicidad y la indiferencia de parte de las autoridades continúe, seguiremos siendo amenazados, seguiremos siendo agredidos, la tragedia humanitaria continuará en la ruta migratoria”. Junio 12, 2013, Rubén Figueroa, Movimiento Migrante Mesoamericano.
(14 de junio, 2013).- Pareciera que la Reforma Migratoria Integral (Comprehensive Immigration Reform, CIR) se ablanda y avanza en el Senado estadounidense, las políticas represivas contra las personas migrantes que transitan por México se endurecen y retroceden.
Para muestra un botón: el pasado 19 de abril del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano que se implementaran medidas cautelares para proteger y salvaguardar las vidas de los defensores de derechos humanos amenazadas por el crimen organizado, como fray Tomas González Castillo y Rubén Figueroa, ambos al frente del albergue migrante La 72 en Tenosique, Tabasco; así como de voluntarios y huéspedes del albergue.
Estos defensores, quienes han recibido el apoyo de organizaciones de todo el país y del mundo, desde mediados de 2012 han denunciado y confrontado a los delincuentes que instituyeron el pago de cuotas por subirse a La Bestia, –el tren de carga que atraviesa México, prácticamente de frontera a frontera. De por sí era inconcebible y denigrante tener que viajar en el lomo del ferrocarril, pero hoy en día los migrantes tienen que lidiar con las maras y Los Zetas, que han condicionado su paso al pago de una cuota obligatoria de 100 dólares por tramo, bajo advertencia de ser arrojado desde el lomo del tren a quienes se nieguen a pagarla. Esto está causando múltiples muertes en las vías.
Por denunciar ante la autoridad competente, los activistas defensores de derechos humanos han sido repetidamente amenazados de muerte por emisarios del crimen organizado. Ante esto, surgió la petición de la CIDH a las instituciones mexicanas encargadas del sistema de seguridad.
Cotidianamente, fray Tomas y Rubén, acompañando a migrantes, acuden frente a los agentes del MP federal como testigos presenciales de hechos para denunciar amenazas de muerte, atracos, extorsiones y lesiones por parte de delincuentes identificados y señalados. En varias ocasiones ha pasado que una vez identificados sin equivocación los delincuentes, la autoridad ha liberado a los acusados sin más explicación que la del debido proceso. A cambio, han recibido denuncias de estos criminales en contra de los defensores de derechos y se les ha permitido continuar como testigos protegidos en la zona supuestamente custodiada por medidas cautelares. Los delincuentes se pasean abiertamente y con prepotencia frente a las puertas del albergue, mostrando actitudes desafiantes que evidencian la impunidad.
De manera reciente, un grupo de activistas pro migrantes realizó una misión de observación por la ruta del Golfo iniciando en Orizaba, Veracruz, siguiendo el camino de la vía hasta llegar a Tenosique, Tabasco. En el camino recogieron testimonios y evidencias de las comunidades vecinas a las vías y estaciones del tren, así como de los propios migrantes en tránsito. Las evidencias recogidas fueron espléndidas por la gran cantidad de celulares con cámara que se mostraron.
El pasado 1 de mayo, docenas de migrantes fueron arrojados del tren en la comunidad de Las Barrancas del municipio de Cosoloacaque por negarse a pagar la cuota. El delegado municipal dijo que “es FALSO que aquí hubo riña entre migrantes, los pocos estaban armados y los muchos desarmados, esto fue un atraco de pocos contra muchos. Falso quien diga que fue una riña, nosotros tenemos las fotos y las grabaciones”.
Este reporte fue entregado a las 5 comisiones ordinarias del Senado que acudieron el día 28 de mayo a Tenosique, que visitaron y escucharon las denuncias del albergue La 72. Se puso especial atención en la situación de peligro en Palenque, Chiapas, donde la delincuencia tiene control de la población. Dos días después de dar la alarma a las autoridades, incluyendo la comisión del Senado, en Palenque, Chiapas, la vívida y aterradora imagen de dos mujeres hondureñas, acribilladas en las vías del tren por negarse a pagar la cuota de 100 dólares, dominó los medios de comunicación y conmovió a la sociedad. Después nada. Estos asesinatos quedaran impunes, sólo se suman a la lista interminable de víctimas.
Todos estos crímenes serian prevenibles si las autoridades hicieran su trabajo y limpiaran la Ruta Migrante del control de la delincuencia y de la complicidad oficial. Son muchos, sin embargo, los misterios que están detrás de toda madeja donde se mezcla lo administrativo que corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM, encargada de las visas) y la seguridad que es terreno de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); ambas dependencia desconcentradas de la Secretaría de Gobernación (Segob). ¿Qué tiene que ver INM con seguridad? Una cuestión aún pendiente de resolver es la solicitud hecha por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) a INM sobre las menciones que se dieron de esa dependencia en las negociaciones del Plan Mérida.
Otra perla para comprender es la anunciada por el comisionado del INM, al jactarse de tener personal activo infiltrado entre el crimen organizado; lo curioso aquí es que debiendo ser un secreto de inteligencia, se anuncie mediáticamente. Cuál debería ser realmente la responsabilidad del gobierno mexicano frente a derechos como el de migrar o el de libre tránsito, ambos vigentes en los derechos humanos y las garantías constitucionales que este 10 de junio cumplieron 2 años de su promulgación y que todavía están por cumplirse. Para el sistema político, estos son temas exclusivos de seguridad nacional, aunque para los entre telones de la relación bilateral, la seguridad nacional se entienda como la de los Estados Unidos, exclusivamente, y no la nuestra.
Existe el temor acentuado de que corrientes de migrantes en tránsito se apilen en la frontera norte y sea difícil lograr su gobernabilidad. Recientemente Segob realizó un encuentro institucional para el que fueron convocadas en su mayoría dependencias del Ejército, de la marina y de las distintas agencias policíacas federales y estatales, todas ellas para bregar con la problemática y crisis humana existente en la frontera sur. Sin duda que la premisa social de Soluciones Humanas a Problemas Humanos no era la guía rectora de esta magna reunión.
Lo que la autoridad debate no es la protección del interés superior de lo humano, aquí está más ligada con intereses geopolíticos acordados desde el Comando Norte, es decir, correr la frontera sur de los Estados Unidos hasta el Suchiate, que mejor se apilen allá. De esta manera, se puede entender cabalmente que el permitir operar al crimen organizado en la Ruta Migrante, es una alternativa de control de las corrientes migratorias a través de formas bélicas actuales, las más sanguinarias de exterminación.
De aquí la razón de que los defensores de derechos humanos como fray Tomas González Castillo y Rubén Figueroa, tengan que ser forzados a desplazarse de sus aguas por la falta de acción de la autoridad competente, responsables absolutos de conductas penales conocidas como Comisión por Omisión.
