Durante la actual administración siete de cada 10 contratos, firmados con los principales proveedores del gobierno, se asignaron mediante adjudicación directa, lo que significa que no hubo competencia entre los proveedores, de acuerdo con Reforma.
Cabe señalar que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) elaboró el Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas para lo cual analizó 700 mil procedimientos de contratación.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.
Explica la publicación que si bien es cierto la ley sí contempla la adjudicación directa, sin embargo su utilización debería ser excepcional, “pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional”.
“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa, me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el Imco.
Luego de una revisión de los contratos de 2012 a 2016, que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.
El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que “casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto”.
“Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías”, señaló Kaiser.
Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.
Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es “el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron 32 por ciento del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración panista de Felipe Calderón, solo obtuvieron 1.7 por ciento del pastel”.
En contraste, las 73 empresas que en 2012 fueron las beneficiarias con 29 por ciento del gasto ejercido, en 2016 solo obtuvieron 1.6 por ciento.
