Por: Carlos Bauer
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El martes 5 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que acota el fuero del que gozan los funcionarios públicos de alto rango, sustituyéndolo por el concepto de “inmunidad”. Sin embargo, por las modificaciones realizadas a la minuta enviada por la Cámara de Senadores, la propuesta deberá volver a dicha Cámara para ser definitivamente aprobada o sufrir nuevas modificaciones. Quizá la modificación más importante realizada por los diputados a la minuta elaborada por sus colegas de la cámara alta es haber eliminado la propuesta que permitiría juzgar al presidente de la República.
La reforma acota el fuero de quienes integran los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo (integrantes del gabinete), Legislativo (diputados y senadores) y Judicial (ministros y magistrados) e incluso de órganos autónomos (consejeros electorales) de tal manera que no se requiera un juicio de procedencia (desafuero) para iniciar un proceso jurídico contra ellos. Un aspecto muy importante de la reforma es que si un legislador es sentenciado y el Congreso se niega a retirarle la inmunidad, la sentencia surte efecto en cuanto termina su investidura legislativa. Como se dijo, el fuero del presidente queda intacto.
La reforma fue aprobada por la Cámara de Senadores el martes 19 de febrero y después remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Dicha Comisión avaló el dictamen el 27 de febrero y lo remitió al Pleno. El diputado priista Manlio Fabio Beltrones expresó su apoyo a la reforma en los siguientes términos: “Nunca más el fuero como impunidad. Sí a la inmunidad para emitir libremente y sin sanción alguna las opiniones de los legisladores”. Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano y único miembro de la Comisión que votó contra el dictamen, manifestó que la “reforma sí puede representar un atentado a la acción legislativa, a diputados o senadores incómodos al poder, que presenten posturas políticas que se contraponen al Ejecutivo, a los gobernadores o a grupos de poder económico o político”.
Antes de iniciarse la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados –el mismo 5 de marzo en que fue aprobada–, el Partido Acción Nacional (PAN) declaró que apoyaría la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener intocado el fuero del presidente de la República, quien sólo puede ser juzgado por “traición a la patria y delitos graves”. Al respecto, el coordinador de la bancada perredista, Silvano Aureoles, declaró: “Estamos preocupados porque en el dictamen se sacó que el presidente de la República también tenga un fuero acotado. Entonces ya no estamos ante un trato igualitario”.
Un día antes de que con esta reforma se aprobara modificar los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, el PRI presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa tendiente a complementarla. Dicha iniciativa propone modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos por militares en los que haya civiles implicados sean siempre conocidos por la justicia ordinaria, limitando el fuero militar a cuestiones de disciplina interna.
