La búsqueda contrarreloj de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, comenzó a arrojar resultados concretos. En el marco del operativo desplegado en la zona serrana y urbana del municipio, cuatro personas fueron detenidas en dos acciones distintas, además del aseguramiento de armas de alto poder, municiones y equipo táctico, informaron autoridades estatales y federales.
El despliegue no es menor: fuerzas estatales, federales y ministeriales mantienen presencia permanente mientras se indaga si los detenidos tienen relación directa con la privación ilegal de la libertad de los trabajadores mineros, cuyo paradero se desconoce desde el 23 de enero.
En una primera intervención, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la captura de un hombre y una mujer armados en las inmediaciones del poblado La Concepción. Ambos intentaron huir, pero fueron alcanzados por los elementos de seguridad.
Durante la revisión se les decomisó un fusil SCAR Multi-Caliber calibre 7.62×51 mm, una pistola Glock 22 calibre .40, tres cargadores y más de 50 cartuchos útiles.
Horas después, en una segunda acción realizada en las cercanías del poblado El Verde, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en coordinación con fuerzas federales, detuvieron a otros dos civiles. A estos se les aseguraron dos armas largas tipo AK-47 calibre 7.62×39 mm, ocho cargadores, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.
Los cuatro detenidos, junto con el armamento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que ya investiga su posible vínculo con la desaparición de los mineros.
Cateos, despliegue militar y hallazgos clave
En paralelo a las detenciones, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se han realizado cinco cateos como parte de la investigación: cuatro en Concordia —dos en la cabecera municipal y dos en zonas serranas— y uno más en Mazatlán.
Durante estas diligencias, las autoridades localizaron pertenencias y documentos que podrían estar relacionados con los mineros desaparecidos, además de teléfonos celulares, una laptop y tarjetas de identificación, todos ya en análisis por peritos tecnológicos para rastrear comunicaciones, ubicaciones y posibles vínculos.
Un secuestro en dos frentes
La desaparición de los mineros ocurrió la mañana del 23 de enero de 2026, en dos acciones prácticamente simultáneas.
En el primer caso, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, donde los trabajadores pernoctaban. Los privaron de la libertad cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral, obligándolos a subir a vehículos.
De manera paralela, otro grupo de víctimas fue interceptado en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras de Concordia, mientras esperaban traslado hacia sus actividades mineras.
Según los testimonios recabados, no hubo amenazas previas y el ataque fue sorpresivo. Las familias se enteraron de la desaparición cuando perdieron comunicación con los trabajadores y posteriormente recibieron confirmación de que habían sido “levantados” por un comando armado.
“Sólo salieron a trabajar”
Las familias de los mineros han sido enfáticas al deslindarlos de cualquier actividad ilícita.
“Son personas buenas, trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada de la mafia”, han declarado.
“Salieron a trabajar para llevar sustento a sus familias”.
Entre los desaparecidos hay ingenieros, geólogos, coordinadores de seguridad, responsables de relaciones comunitarias y de medio ambiente, perfiles estratégicos para la operación minera y cuya localización es ahora prioridad para las autoridades.
El operativo continúa activo y en expansión, mientras la investigación avanza con detenciones, cateos y análisis forenses que buscan cerrar el cerco sobre los responsables y dar con el paradero de los trabajadores.
Remesas cierran el año en casi 62 mil millones de dólares, aunque registran caída anual
