Foto: Diario de Guerrero
(18 de Noviembre, 2013).- Juan Lucena y José Luis Sotelo, dirigentes campesinos de la comunidad El Paraíso fueron asesinados el sábado pasado en Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero, un día antes del anuncio de la creación de una policía comunitaria en la comunidad.
El suceso ocurre ocho días después del asesinato de Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) en el municipio de Coyuca de Benítez.
Uno de los familiares de las víctimas aseguró que se trató de un crimen político, similar al que se cometió en contra de Luis Olivares y Rocío Mesino, y que los asesinatos pudieron ser evitados por la policía.
Señaló que alrededor de las 14:30 los dirigentes campesinos caminaban por el centro de Atoyac, cuando un sujeto armado disparó en contra de los dirigentes.
Además, dijo que los dos líderes sociales habían convocado para el domingo pasado por la mañana a los pobladores de El Paraíso, donde se anunciaría la creación de la policía comunitaria, independiente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Lucena Ríos y Sotelo Martínez estaban al frente de la lucha por la restauración de su comunidad y para ellos era importante disipar la inseguridad que los aquejaba, por lo que su proyecto más importante era la conformación de la policía comunitaria, que contaría en un principio con 100 integrantes.
Ante los crímenes que se han suscitado en las últimas semanas en Guerrero, el líder fundador del partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, Eloy Cisneros Guillén, expresó que es preocupante e indignante lo que está sucediendo en este año con luchadores sociales y mencionó que la impunidad no puede seguir así.
Además, puntualizó que el Estado tiene la obligación de dar seguridad a los ciudadanos en general, pero fundamentalmente a quienes de una u otra manera están luchando por la transformación de México y de Guerrero.
Finalmente, Cisneros Guillén exigió al procurador general de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dar respuesta inmediata sobre los sucesos y que si le era imposible dar solución a los problemas era fundamental que dejara el cargo.
