“La actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad se encuentra debidamente regulada, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos humanos y permitirá el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales, todo ello a través de la Ley de Seguridad Interior”, aseguró el Gobierno de la República a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación.
En respuesta a las manifestaciones de rechazo a la Ley de Seguridad Interior emitidas por organismos internacionales y diversos grupos de la sociedad, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), señalaron que “esta Ley busca hacer frente a los desafíos que plantea la seguridad en distintas zonas del país”.
Explica que es prioritario que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico la actuación de las fuerzas del orden, ya que estas garantizan la seguridad de la población en algunos lugares del país.
Abunda que “esta ley, busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las fuerzas armadas, lo que a su vez permitirá fortalecer los esfuerzos para avanzar en el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales a fin de que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad pública.
De esa forma, el proyecto de ley, además de dejar clara la importancia del respeto a los derechos humanos, facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las fuerzas armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley”, agrega.
El gobierno de la República destaca “su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley”, al tiempo que reconoce el papel de las fuerzas armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada.
Asimismo, y ante distintos pronunciamientos de mecanismos de derechos humanos, el gobierno de México dijo que ha buscado privilegiar la comunicación y remisión de información sobre la iniciativa de ley, incluyendo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
