(19 de noviembre, 2015).- A petición de la ministra Olga Sánchez Cordero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un amparo en revisión en el que se solicita transparentar las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de las matanzas de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León.
La SCJN impugnó la negativa de la PGR de entregarle información sobre la cantidad de restos pendientes de identificar, correspondientes a los 72 migrantes localizados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y los cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012 respectivamente.
La PGR clasificó la información, resolución que fue avalada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), ahora Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
El amparo llegó al juez octavo de distrito, Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de la información, pero la sentencia fue impugnada, por lo que el caso fue turnado al Máximo Tribunal.
Sumado a todo ello, el juez Silva García determinó que cuando existen violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, en ambos casos se afecta a la colectividad, por lo que debe operar una excepción a la restricción de informes sobre las averiguaciones previas, lo cual está previsto en la ley y pretende que la PGR acate la resolución.
