(25 de junio, 2014).- Una serie de delitos que afectan al medio ambiente y forma parte del crimen organizado, como el tráfico de carbón de madera, son utilizados para financiar a más organizaciones criminales, gracias a los 213 mil millones de dólares que en promedio dejan al año, de acuerdo a un informe conjunto publicado ayer, entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Interpol.
Muestra del peligro que suponen éstas actividades para la seguridad y el desarrollo de los países, está el citado trasiego de carbón por parte del grupo islámico de Somalia, Shebab, relacionado con la organización terrorista Al Qaeda, que cada año obtiene entre 38 y 56 millones de dólares en ganancias.
Otro de los delitos internacionales, incluidos en el documento, es el tráfico de marfil, conocido por ser la mayor fuente de ingresos para el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), grupo armado de Uganda, y otras organizaciones delictivas que al igual que ellos, operan en la República Democrática del Congo (RDC), Sudán y la República Centroafricana.
En el informe publicado ayer durante la primera sesión de la nueva Asamblea de la ONU para el medio ambiente (UNEA), en Nairobi, Kenia, también se habla de otros crímenes de alto impacto para el ambiente y la seguridad nacional, como la tala forestal, la caza ilícita, el tráfico de especies en peligro de extinción, la pesca indiscriminada, minas salvajes y la derrama de desechos tóxicos.
Para el director ejecutivo del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUE), Achim Steiner, independientemente del impacto ambiental, que no es poco, el contrabando de recursos afecta las inyecciones de capital para las economías emergentes y en su lugar llegan a las arcas del hampa.
Asimismo, como menciona el informe, los crímenes ambientales también merman el desarrollo sustentable, las vías de subsistencia, la gobernabilidad y el Estado de derecho, mientras que las acciones directas no son adecuadas de acuerdo a la magnitud del problema.
La Asamblea de la ONU reúne a cerca de mil 200 delegados y especialistas, cuyo propósito es analizar adecuadamente los crímenes perpetrados contra el medio ambiente.
