Rodrigo Rojo / @Eneas
(14 de octubre, 2013).- El 12 de septiembre, María de la Luz Salcedo Palacios, a quien también llaman Lucero, denunció ante el Ministerio Público que fue golpeada por un conocido, el taxista Miguel Ángel Jasso Manríquez, al negarse a tener relaciones sexuales con él. Lucero declaró después que la intención del agresor al recibir la negativa no era violarla, era matarla. La golpiza que le propinaron incluyó que le azotaran la cabeza contra el piso y golpes en todo el cuerpo. María de la Luz pudo escapar gracias a que tuvo el coraje suficiente para clavar las uñas en los ojos de su agresor.
Después de hacer la denuncia en la instancia legal correspondiente, subió fotografías de su rostro y cuerpo golpeados a las redes sociales. La reacción en internet no se hizo esperar, las imágenes mostraban salvajismo premeditado de parte del atacante. La gente replicó las imágenes y expresó su apoyo. La propia María de la Luz dijo que esto no lo hacía para denunciar su caso, “lo hacía para denunciar la misoginia que existe en Guanajuato y la sociedad de la que somos víctimas todas las mujeres a diario”.
Esta forma de odio se haría patente en el Ministerio Público en donde la situación fue totalmente diferente a la de las redes sociales. El 30 de septiembre comenzó el proceso formal en contra de Miguel Ángel y, como lo denuncia el padre de María de la Luz, Fermín Salcedo, “ la audiencia dejó mucho qué desear: él no fue acusado con los cargos que correspondían, y mi hija fue tratada con mucho mayor severidad”. La juez Paulina Iraís Medina Manzano se negó a dictarle prisión preventiva a Miguel argumentando que la víctima ya “no corre ningún peligro” basada en que el dictamen que presentó el perito determinó que ninguna de las lesiones de María de la Luz ponían en peligro su vida. No es la primera vez que un dictamen de esta juez genera resultados marcados por la impunidad. Ha sido responsable de otros casos en donde se ha favorecido a los agresores, aprobando el abuso y la violencia.
Gracias a la tenacidad de Lucero y su padre, quienes presionaron al Ministerio Público pero, sobre todo, lanzaron una amplia campaña en redes sociales que incluye una petición en Change.org, el lunes 7 de octubre la Procuraduria de Justicia del Estado apeló la resolución de la jueza de dejar libre al agresor.
Sin embargo, el caso se ha topado con severas dificultades para avanzar debido a una campaña de hostigamiento por parte del gobierno de Guanajuato. El gobernador Miguel Márquez y el procurador de justicia, Carlos Zamarripa, han reiterado en varias oportunidades que el Ministerio Público “hizo lo que le correspondía”. Incluso, Alma Yadira Delgadillo Rangel, abogada adscrita al despacho de Zamarripa puso en Facebook comentarios burlones hacia María de la Luz:
“Tentativa de homicidio, tentativa de violación, secuestro?? Haber [sic] qué más se le ocurre…”
Apenas el 12 de octubre, un mes después de las agresiones a Lucero, otras instituciones comenzaron a reaccionar ante un caso que demuestra ineptitud y hasta contubernio por parte de las autoridades locales. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, exhortó al gobernador y al presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso, para que investiguen y sancionen a los funcionarios públicos involucrados en el caso para saber si “actuaron con la debida diligencia, respetaron los derechos de la víctima e intervinieron desde una perspectiva de género. De no ser así, muy respetuosamente solicito su apoyo para que se apliquen las sanciones que prevén las normas estatales y se inicie un proceso de sensibilización y capacitación en estos temas”.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidió atraer el caso. El ombudsman estatal aclaró que se investigaran tres rubros del caso: el trato que recibió María de la Luz de parte de la Policía Federal, la falta de protocolos en el Hospital General de Guanajuato y las omisiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG). José Zamora Grant, director de la sexta visitaduría de la CNDH, reveló que la procuraduría investiga dos casos más de violencia contra las mujeres, uno en la capital y otro en León.
El caso de Lucero ha suscitado duras críticas nacionales e internacionales en contra del gobernador de Guanajuato y su gobierno, de quienes no se aprecia una firme voluntad para resolver satisfactoriamente un caso en el que claramente ha habido afectaciones a los Derechos Humanos de la joven, cometidos por las instituciones de Justicia.
