(19 de febrero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- En febrero de 2013, medios nacionales informaron que la Policía Municipal de Torreón informó la liberación de tres personas secuestradas y al mismo tiempo habían detenido a cuatro personas. Se trataba de tres hombres y una mujer.
A estas últimas personas se les señaló como responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y se aseguró que “operaban en la comarca lagunera de Coahuila y Durango”.
La policía también dijo que, se les decomisó “armamento de alto poder y equipo táctico, además de redes de comunicación”.
Los detenidos fueron nombrados como: Ismael Hernandez Ruiz, alias “el Enano” y originario del Ejido El Fénix del municipio de Matamoros, Coahuila; Edgar Rogelio Menchaca Castro, de 20 años de edad; Mónica Elizabeth Esparza Castro, de 25 años y con el apodo de “La Negra”.
Pero la realidad ha sido otra
Mónica fue detenida el 12 de febrero de 2013 aproximadamente a las 10:00 horas por 4 hombres y 1 mujer que tripulaban una patrulla de la policía municipal de Torreón mientras viajaba, con su pareja y su hermano, a bordo de una camioneta propiedad de su padre.
Lleva más de 6 años injustamente encarcelada. Fue sometida a tortura sexual por más de 14 horas para extraerle declaraciones auto inculpatorias y para fabricar las pruebas que hasta hoy siguen siendo utilizadas para mantenerla en reclusión.
La policía los llevó a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, específicamente a una bodega en donde introdujeron primero a la pareja y al hermano de Mónica, mientras ella se quedó en la camioneta por aproximadamente dos horas. Posteriormente llegó un oficial, y mientras amenazaba con asesinarla, la introdujo a la bodega en donde estaban su hermano y su pareja, informó Centro PROdh.
Ya en la bodega y después de que le retiraran la prenda que le cubría la cara, Mónica pudo ver que tanto su hermano como su pareja habían sido torturados; en el lugar había hombres vestidos como militares y como policías municipales.
“Mónica, su pareja y su hermano fueron torturados de manera brutal, fueron sacados de la bodega y los llevaron a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, donde los dejaron encerrados en uno de los baños.
“Estando encerrados en ese baño se presentó una persona que se identificó como actuario del Poder Judicial de la Federación; esta persona les dijo que la madre de Mónica había presentado una demanda de amparo a efectos de que cesaran los actos de tortura e incomunicación y que lo tenían que ratificar para no seguir en calidad de desaparecidos. El actuario se fue tan pronto recabó sus firmas”.
De acuerdo con información revisada por Revolución TRESPUNTOCERO, después de esto, Mónica fue torturada sexualmente una vez más y le dijeron que en el lugar donde serían internados serían asesinados por otras personas privadas de libertad. Posteriormente, fueron trasladados a PGR; en el camino, la pareja de Mónica murió frente a ella a causa de la tortura infligida. Al llegar a la PGR, los policías se llevaron el cuerpo, sin que Mónica sepa, hasta la fecha, qué hicieron con él.
Sin decirle los cargos que pesaban sobre ellos, Mónica y su hermano fueron trasladados en avión a la Ciudad de México. En las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un agente del Ministerio Público de la Federación amenazó con hacer matar a su madre y sus hijas si no firmaba la hoja que le puso a la vista, por lo que firmó lo que después supo era una confesión de delitos.
Actualmente, Mónica está siendo procesada por los delitos de Secuestro y Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, Torreón. Ella se encuentra recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), Morelos.
“Todo su proceso penal está basado únicamente en pruebas derivadas de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron ella y su familia. A siete años de permanecer en una prisión federal, Mónica se encuentra en espera del cierre de instrucción de su proceso y que finalmente una jueza federal en Torreón determine su libertad a través de la sentencia de primera instancia.
“Es importante señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el caso desde los primeros días en que sucedió y el 13 de abril de 2016 emitió la Recomendación 15/2016 en la que reconoce la existencia de retención ilegal, tortura y violencia sexual y ejecución arbitraria en contra de las víctimas; los puntos recomendatorios no han sido cabalmente cumplidos”.
Amnistía Internacional y la ONU-DH han documentado la existencia de tortura en su contra. En diciembre de 2019, la FGR decidió que Mónica Esparza debe seguir en la cárcel a pesar de que las pruebas en su contra están basadas en violaciones a sus derechos.
Durante los últimos cuatro años, el Centro Prodh ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual que muestran que en el aparato de justicia existen esquemas institucionales que permiten y fomentan que se siga cometiendo para fabricar culpables.
