Los siete magistrados que estarán encargados de juzgar las elecciones de 2018, serán una pesada carga al erario. Y es que durante su primer año de gestión, en ellos y su equipo de trabajo, se invertirá 47 millones de pesos en promedio, nada más en sueldos y prestaciones.
Cada uno de ellos tienen percepciones netas de 4 millones 564 mil pesos anuales, lo que equivale a más de 380 mil pesos mensuales, informó Reforma.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, informó que las percepciones anuales brutas de cada magistrado ascienden a 6.7 millones de pesos, incluyendo sueldo tabular, prestaciones de ley, pagos por riesgo, seguros, fondo de ahorro y seguridad social. Cantidad a la que se restan 2.2 millones como retención del ISR.
La remuneración anual neta, de 4.5 millones, “es superior a la del Presidente de la República —de poco más de 3 millones de pesos anuales—, y apenas inferior a los funcionarios mejor pagados en el país: los siete miembros del Consejo de la Judicatura Federal —4.7 millones de pesos anuales cada uno—, y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —4.6 millones de pesos al año cada uno—”.
El equipo de los magistrados está conformado por más de 30 funcionarios de primer nivel, entre secretarios de Tesis, secretarios de Estudio y Cuenta, secretarios particulares, asistentes, asesores y secretarias. Esto arroja un costo promedio por Ponencia (o equipo de trabajo) de más de 47 millones de pesos.
Janine Otálora, presidenta del Tribunal, es quien cuenta con el equipo más grande, aunque no es el más caro. Tiene 48 colaboradores, divididos en tres pequeñas estructuras: 33 directamente bajo sus órdenes, 11 adscritos a la Secretaría Particular, y cuatro a la Coordinación General de Asesores. En total, su equipo de trabajo tendrá un costo de 43 millones 673 mil pesos este año.
Bajo su responsabilidad operan las coordinaciones de Relaciones con Organismos Electorales; Información, Documentación y Transparencia; Comunicación Social; Asuntos Jurídicos; Igualdad de Derechos y Paridad de Género, y de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta.
De acuerdo a lo informado por el directorio del TEPJF “el magistrado con el equipo más caro es Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien tiene a su disposición a 37 personas, cuyas percepciones anuales sumarán este año más de 45 millones de pesos. Las percepciones netas de este magistrado y de los miembros de su equipo superan los 49 millones 900 mil pesos”.
En tanto, José Luis Vargas Valdez es el que cuenta con el equipo de trabajo menos oneroso: 32 personas, cuyos sueldos, salarios y prestaciones superarán los 38 millones 803 mil pesos en 2017.
“En total, los sueldos de los siete magistrados y los 240 empleados que trabajan directamente en sus ponencias suman 331 millones de pesos, cifra que representa más del 10 por ciento del presupuesto total del Tribunal, que este año llega a 3 mil 125 millones de pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el 75 por ciento del presupuesto del TEPJF se gasta en “servicios personales”; esto es, se destina al pago de la nómina de mil 800 plazas permanentes, todas de confianza”.
Cabe señalar que también los 24 magistrados de Sala Regional mantienen altos sueldos: cada uno percibe una remuneración anual neta de 2 millones 948 mil pesos; lo que significa un gasto total de 70.7 millones de pesos al año.
Además de sus salarios, los magistrados tienen derecho a viajes que, los cuales en apenas ocho meses en funciones, han costado al erario 655 mil 479 pesos.
El magistrado que más ha viajado es Reyes Mondragón. Según el apartado de Transparencia de la página web del TEPJF, ha realizado 21 viajes, en los cuales gastó más de 131 mil 109 pesos, investigó Reforma.
Quien ha realizado los viajes más costosos es José Luis Vargas Valdez, quien ha viajado en ocho ocasiones: dos en 2016 y seis en lo que va de este año. En total, ha gastado 375 mil 534 pesos.
Entre los viajes más caros se encuentra el que realizó a tan sólo dos días de rendir protesta como magistrado, el 6 de noviembre de 2016, para “asistir al programa de visitantes para las elecciones de Estados Unidos y a la Séptima Conferencia Electoral Global”. El costo fue cercano a los 41 mil pesos.
Del 8 al 10 de diciembre de 2016, Vargas viajó a Venecia Italia, para “participar en la Sesión Plenaria de la Comisión Europea”; en esta ocasión gastó más de 241 mil pesos. Y del 20 al 22 de marzo de este año, se trasladó a Brasilia para “participar en diversas actividades de vinculación internacional con el Tribunal Superior Electoral de Brasil”. Este viaje costó cerca de 50 mil pesos.
En 2016, cuando el Senado recibió de la Suprema Corte de Justicia las siete ternas con aspirantes al Tribunal Electoral, las fuerzas mayoritarias en la Cámara alta (PRI, PAN y PRD) plantearon la negociación como un tema de cuotas.
El PRD propuso a Janine Otálora, quien finalmente obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas para convertirse en la presidenta del Tribunal. De los siete magistrados electos, tres fueron designados para un periodo de nueve años: Otálora, Soto y De la Mata. Los otros cuatro rindieron protesta ante el Senado para periodos de tres y cuatro años.
Aunque al cerrar su negociación, los partidos tuvieron que ampliar el plazo de esos cuatro magistrados: Vargas e Infante, de tres a siete años, y Rodríguez y Fuentes de cuatro a ocho años.
Cabe señalar que la extensión de los plazos fue aprobada en fast track en el Senado y la Cámara de Diputados, e impugnada por Morena mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
“Los ministros de la Corte —involucrados por ley desde el inicio del proceso de designación— terminaron avalando la polémica decisión, en una resolución dividida de seis votos contra cinco, el 26 de junio pasado.
Con esta resolución, cinco de los siete magistrados que conforman la Sala Superior del TEPJF (Otálora, Soto, De la Mata, Rodríguez y Fuentes) calificarían las elecciones presidenciales de 2018 y las de 2024”.
