Entre los rasgos más destacados de los regímenes pripanistas cuando fueron gobierno -y que no han perdido en su papel actual de bloque opositor- se encuentran su acendrado sentido de inferioridad frente a los países del llamado “primer mundo”, su afán de ser aceptados por ellos a como dé lugar y su desprecio al pueblo mexicano. El problema es que esto se reflejó brutalmente en las políticas y prácticas neoliberales que aplicaron a rajatabla y que favorecieron intereses empresariales extranjeros en perjuicio del bienestar de la mayoría.
Basta echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de que no pierden la menor oportunidad de exhibir esta mentalidad:
La historia de los países, de las formas de Estado y de gobierno, de los procesos democráticos o de la realidad que viven los pueblos del mundo, no les importan ni un ápice. El odio, la ignorancia o la conveniencia política los nublan de tal manera que ni siquiera se dan el tiempo de investigar un poco, y ya ni se diga de reflexionar, antes de contaminar la vida pública con comentarios tan irresponsables y poco serios.
Se trata de una muestra del colonialismo mental más ramplón. Desafortunadamente no se queda ahí. También se extiende a círculos académicos que se considerarían más rigurosos sobre asuntos de interés de la sociedad.
Me refiero específicamente al medular tema de la guardia nacional, la seguridad y los temores de militarización. En su análisis y crítica emplean las comparaciones con las dictaduras latinoamericanas e, incluso, con las africanas o asiáticas, sin considerar el hecho de que en México las Fuerzas Armadas no tienen historial golpista y su autonomía es simétrica a la que gozan líderes políticos civiles con cargos en la administración pública o que ha habido dirigentes militares como Lázaro Cárdenas con amplia vocación democrática y, viceversa, mandatarios de origen civil como Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Díaz Ordaz o Felipe Calderón, cuyo talante autoritario, represor y antidemocrático causaron graves estragos a los mexicanos. Así mismo, evitan hacer referencia a los ejemplos de Guardias Nacionales o Civiles (pero con mando militar) europeas o estadounidenses y, cuando se les cuestiona al respecto, responden que no pueden considerarse por sus antecedentes históricos distintos…¿distintos? Parecen olvidar completamente las experiencias fascistas de España, Italia, etc., o la cultura de la muerte del imperio norteamericano. Los organismos internacionales que cuestionan la existencia de una Guardia Nacional en México tampoco han levantado la ceja en los casos de Suecia, Dinamarca, Polonia, Ucrania, entre otros, donde organizaciones militares o fuerzas especiales de policía que forman parte del Ejército se dedican a la defensa local y al servicio de seguridad pública. Parece que sólo algunos integrantes de la comunidad internacional tienen la capacidad y, por lo tanto, el derecho de establecer políticas y emplear sin cortapisas las herramientas que consideren necesarias de acuerdo con sus particulares circunstancias y contextos, mientras que otras están condenadas a ajustarse a conceptos y clichés decididos externamente y a vivir en un estado de incapacidad perenne sin la libertad de probar, cometer errores, corregir, lograr avances y mejorar.
Algunos critican que los simpatizantes de AMLO y del proyecto de la 4T que repudiábamos el uso del ejército y la marina en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, ahora apoyemos la creación de la Guardia Nacional y la presencia de las fuerzas armadas en tareas como construcción de infraestructura, distribución de vacunas y libros de texto gratuitos, así como en otras tareas similares. En suma, cuestionan por qué hoy “favorecemos la militarización”.
Aquí las razones:
- Tanto las políticas neoliberales (con su concomitante debilitamiento del Estado) iniciadas por Miguel de la Madrid y profundizadas por Carlos Salinas de Gortari y los demás presidentes pripanistas que le sucedieron, como la infausta guerra contra las drogas de Calderón que elevó exponencialmente la violencia estatal (con el uso de las fuerzas armadas y las policías) y la de los grupos criminales, provocaron unas condiciones distintas a las existentes en 2006 cuando fraudulentamente el segundo presidente panista alcanzó el poder. A diferencia de Felipe Calderón que en campaña nunca habló de una guerra contra las drogas, AMLO planteó en su libro La salida de 2017 que “se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública”, además de “la creación de la Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil soldados y 30,000 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y la Marina, en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores…se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales (vehículos, cuarteles e instalaciones) con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar al país”. En sus conferencias ha recordado que en ese libro “ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en la campaña, y ya cuando llegué al gobierno y vi que no había seguridad para la gente, el pueblo de México estaba en estado de indefensión, lo que había era un combate a bandas de narcotráfico de manera selectiva”, además de que ha manifestado que el ejército es la corporación menos corrupta entre los organismos de seguridad del país. Se podría aducir que esta narrativa es la misma que utilizaron los presidentes pripanistas para ampliar la presencia de los militares en la vida pública. Sin embargo, más allá del discurso, hay datos clave que confirman lo que dice López Obrador y que muchos analistas pasan por alto: a) Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está siendo enjuiciado por sus vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, otros de sus colaboradores civiles están prófugos; b) la Policía Federal contaba con 40.000 elementos de seguridad, pero como la mitad correspondía a personal administrativo, sólo 20.000 operativos estaban dedicados a proteger a un país de más de ciento treinta millones de habitantes. A pesar de los millonarios presupuestos consagrados a la seguridad nacional, a la seguridad del gobierno y al combate al narcotráfico, el Estado neoliberal no se molestó en asignar suficientes para proteger verdaderamente a los ciudadanos.
- El bloque conservador vocifera en todas las vías a su disposición que nunca había habido tanta violencia como ahora. Algunos despistados lo creen sin indagar más, porque en los sexenios pripanistas los medios de comunicación dominantes perfectamente alineados con el gobierno callaron, desinformaron y hasta firmaron un pacto a fin de no mostrar las estadísticas que mostraban el salto exponencial de homicidios violentos gracias a la guerra de Calderón, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad (tanto militares como policíacas) y otras violaciones de derechos humanos. A pesar de eso, no pudo evitarse que se filtraran hechos tan dolorosos como la matanza de dos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey por parte de la policía federal; la masacre de familias enteras por no detenerse en retenes militares colocados a lo largo de todo el territorio; la violación y asesinato de una anciana indígena en Zongolica, Veracruz; la matanza de Tlatlaya e innumerables casos más que conforman ese catálogo de los horrores perpetrados durante los regímenes pripanistas. Con AMLO, la situación es diferente. Cuando le preguntan sobre la violencia y la militarización, él sostiene con firmeza que ahora el Estado no comete ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones de derechos humanos y, cuando se ha presentado alguna conducta indebida por parte de algún miembro de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, no hay impunidad, de inmediato se remiten a la autoridad competente. Y esto es cierto, Por más que los medios que ya no mantienen una relación amigable con el presidente han intentado deteriorar su imagen, no han podido hacerlo con noticias como las que abundaban en las épocas de Calderón y Peña Nieto sobre la actuación letal, cruel e indebida de los órganos encargados de la seguridad pública.
- Hay quienes afirman que, al igual que Calderón y Peña Nieto, AMLO está coadyuvando a la agenda energética de Estados Unidos al crear la Guardia Nacional y al seguir manteniendo a los militares en tareas de seguridad pública y otras labores. Sin embargo, hay un factor que no toman en cuenta. Mientras Calderón y Peña se dedicaron a promulgar reformas para debilitar al Estado y para privatizar sus recursos, López Obrador está haciendo exactamente lo contrario, lo cual no agrada de manera alguna al país del norte. Las estrategias energética o de seguridad del gobierno de la 4T son objeto de ataque constante por la prensa estadounidense y europea cuyos intereses económicos se han visto afectados por las decisiones del tabasqueño como el fortalecimiento de PEMEX y la CFE; la construcción, compra y mejoramiento de refinerías; la renegociación de contratos leoninos en detrimento del erario celebrados durante sexenios anteriores con empresas; el combate al robo de combustible que después era adquirido más barato a los delincuentes por compañías privadas; la vigilancia de aduanas, recursos e infraestructura estratégica por parte de las fuerzas de seguridad para evitar el saqueo público.
- La estrategia de seguridad pública de AMLO es totalmente distinta a la implementada por cualquiera de los presidentes anteriores. La creación de la Guardia Nacional y el empleo del Ejército y la Marina, se conjugan con el fortalecimiento del Estado y el combate de gran parte de las causas de origen de la violencia mediante políticas sociales y de recaudación fiscal dirigidas a reducir la desigualdad y las precarias condiciones económicas de la población. En los planes de desarrollo y de seguridad presentados por el gobierno, se incluyen de manera esencial estas medidas, las cuales habían sido aconsejas por expertos de ámbitos tan distintos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o el Colegio de México desde hace tiempo al abordar los grandes problemas de nuestro país. Por el contrario, en el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón, la defensa del patrimonio personal que planteó no contemplaba ningún aumento sustancial de seguridad social, laboral, educativa y alimentaria, le apostaba a mantener la concentración del ingreso y la riqueza.
- En comparación con otros presidentes, AMLO no ha mantenido una relación muy tersa con los militares. Una de las declaraciones de AMLO que más indignaron a las Fuerzas Armadas fue emitida en una visita a la OEA en Washington, el 15 de marzo de 2017 donde acusó al Ejército de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La Dirección de Comunicación Social del Ejército al respecto señaló en un comunicado:
“La Secretaría de la Defensa Nacional pide pruebas a los actores sociales que han denunciado a elementos del Ejército. Recientemente han afirmado y publicado señalamientos de que integrantes de las fuerzas armadas violentan indistintamente los derechos humanos, lo cual genera una percepción equívoca de la realidad, si alguien considera que tiene pruebas que sustenten sus acusaciones contra las fuerzas castrenses, las presente ante la autoridad competente para que esta proceda conforme a derecho”. (Sedena, 2017)
Pues bien, acaba de presentarse el Informe sobre el caso Ayotzinapa encargado por el gobierno de AMLO donde se incluyen las pruebas solicitadas. Su compromiso con la democracia, la justicia y la verdad son patentes más allá de la necesidad de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
- ¿A qué se teme cuando se habla de militarización? Como lo señalan los investigadores, se trata de un término polisémico, es decir, tiene más de un significado. Pero en sus análisis, lo que en definitiva parecen considerar peligroso es la posibilidad de represión y control de los ciudadanos, de violación de derechos humanos, del atentado contra la vida y la libertad por parte de las fuerzas castrenses. Curiosamente, algunos de los expertos temerosos de la militarización pretenden no hacer referencia en su definición de ésta a la represión y al control, porque si lo hacen no se sostiene que sigan considerando peligroso ocupar a los militares tanto para integrar la Guardia Nacional como para realizar otras labores distintas, incluyendo la seguridad pública. Afirman que la participación de elementos militares en situaciones de desastre constituye protección ciudadana y que por ello no se debe considerar militarización. ¿Acaso el estado lamentable de vulnerabilidad de los ciudadanos por la falta de una policía federal, estatal y municipal confiable, profesional y bien equipada, que los salvaguarde de las prolongadas consecuencias dañinas de los sexenios pripanistas no es protección ciudadana también?
Cuando un gobierno tiene la voluntad de reprimir y violentar a los ciudadanos lo hace con militares, con policías, con paramilitares, con delincuentes o con lo que tenga a la mano, sin importar si lo permite o no la Constitución. Este sí es un antecedente que ya hemos sufrido. Nunca se va a eliminar por completo el riesgo de que esto vaya a suceder en un futuro. Los ciudadanos debemos estar vigilantes en todo momento a fin de evitar que esto vuelva a pasar. Por eso, entre otras medidas, debemos tener mucho cuidado con las personas que elegimos para convertirse en nuestros dirigentes.
El presidente planteó que se lleven a cabo consultas ciudadanas periódicas para decidir sobre la organización y operación de la Guardia Nacional y el trabajo del Ejército y la Marina en materia de seguridad pública. Esta vía democrática, que el presidente ha impulsado como ningún otro mandatario, no puede desecharse. Debe insistirse en su implementación para este asunto en particular. Nos toca a los ciudadanos exigirla, así como también las reformas para reconfigurar las policías locales y estatales, y demandar a los gobernadores que aumenten su capacidad de recaudación fiscal para dedicar recursos a la profesionalización y equipamiento de sus fuerzas de seguridad.
En un ensayo sobre seguridad pública y seguridad nacional para una colección de libros del Colegio de México realizada en 2008 sobre los grandes problemas nacionales, José Luis Piñeyro señalaba:
“Urge encontrar estadistas con arraigo social y político que firmen un pacto nacional para instrumentar políticas de Estado en Seguridad Nacional y en otras seguridades como la social, la laboral, la educativa, la alimentaria, la pública y la ecológica”.
Al fin tenemos hoy a ese estadista. El camino apenas comienza. Se necesitan otros estadistas que continúen esta labor y un pueblo informado, activo y vigilante que evite que regresen los aciagos tiempos que provocaron tanto daño.
