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De las 1,126 concesiones mineras recuperadas, 90% pertenecían a personas y 10% a empresas: Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE

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De las 1,126 concesiones mineras que han sido recuperadas por el gobierno federal, 90% pertenecían a personas físicas y 10% a empresas, informó José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, al detallar el avance del programa de reducción de concesiones.

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Durante el intercambio con la prensa, Aboitiz Saro explicó que existen dos grandes universos de concesiones: las que corresponden a empresas mineras en operación y aquellas en manos de personas particulares que, en muchos casos, mantenían los títulos con fines de especulación, a la espera de que una mina cercana creciera para venderlas posteriormente.

Precisó que la gran mayoría de las concesiones canceladas se encontraban en este segundo grupo, por lo que casi 90% correspondía a personas físicas, mientras que el 10% restante pertenecía a empresas. Añadió que, en el caso de compañías mineras, algunas han mostrado disposición para colaborar con la autoridad y reducir el número de concesiones, entre ellas Minera Autlán y Peñoles.

El funcionario detalló que la actividad minera del país se concentra principalmente en entidades del norte y centro-occidente como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, mientras que en el sureste del país la presencia de concesiones es mínima debido a las condiciones orográficas y geológicas, particularmente en la Península de Yucatán, donde prácticamente no existen minerales.

Respecto al alcance del programa, Aboitiz Saro señaló que ya se han recuperado 1,126 concesiones y que el proceso continúa en marcha, por lo que hacia finales del año se informará sobre las siguientes etapas del programa de reducción de concesiones mineras.

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Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó que, de las 1,126 concesiones recuperadas, 713 se encontraban dentro de 240 mil hectáreas de áreas naturales protegidas, de un total de 889 mil hectáreas involucradas, lo que consideró relevante para garantizar que en estas zonas no se realice explotación minera, en concordancia con lo establecido por la ley y mediante la recuperación de los predios concesionados.

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