El Gobierno de México salió a desmentir de manera contundente la información falsa respecto a la Reforma Judicial y, en particular, a la modificación de la Ley de Amparo. Durante la conferencia matutina de este 19 de septiembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios de alto nivel aclararon que no hay retrocesos en los derechos de los mexicanos, sino una modernización para hacer más ágil y eficaz la justicia.
El amparo, en el centro del debate
“Es absolutamente falso que se limite el acceso al amparo”, enfatizó el exministro y hoy coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar. Según explicó, lo que cambia es la figura del “interés legítimo”, que se precisa y se clarifica para facilitar su aplicación:
“Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Se trata de una actualización y de una modernización para que sea más eficaz, más rápido y con justicia digital”.
Zaldívar subrayó que algunos de los señalamientos que circulan fueron hechos “con mala fe o por ignorancia” y negó que esta reforma impida a los ciudadanos defenderse, incluso en casos como bloqueos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Es falso que la iniciativa elimine la posibilidad de suspender un bloqueo bancario. Si la persona demuestra la licitud de sus recursos, se desbloquea la cuenta”, detalló.
Las leyes secundarias que acompañan la reforma
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que las leyes secundarias ya fueron enviadas al Senado para su análisis y dictaminación. Estas modificaciones acompañan la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 y tocan directamente a seis instrumentos jurídicos clave:
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
- Ley de Amparo.
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Código Fiscal de la Federación.
Godoy puntualizó que el objetivo central es hacer efectivo el principio de justicia pronta y expedita, establecido en los artículos 17 y 20 de la Constitución, para que resoluciones en materia tributaria no se prolonguen más de dos meses.
“Esta reforma no debilita la Ley de Amparo, la fortalece. Se mantiene como escudo de la ciudadanía, pero deja de ser refugio para quienes buscan evadir la justicia”, recalcó.
Reforma fiscal y combate a la impunidad
Zaldívar también puso sobre la mesa un punto clave: el uso del amparo en materia fiscal.
“En ningún país del mundo hay un control constitucional en materia fiscal. Cuando la corte determina que un deudor debe pagar, se inicia el cobro. No podemos permitir que los juicios se extiendan por años y años en perjuicio de la colectividad”.
La reforma, agregó, busca acabar con prácticas dilatorias que han permitido a empresas y particulares postergar pagos fiscales por tiempo indefinido.
Un amparo más ágil y digital
El coordinador de política y gobierno aseguró que la transformación de la Ley de Amparo va acompañada de la creación de un sistema de justicia digital, lo que permitirá procesos más rápidos, menos burocráticos y con mayor transparencia.
“Se trata de darle racionalidad a la defensa, de reforzar la capacidad del Estado contra el crimen organizado y el lavado de dinero, pero sin quitar un solo derecho a los ciudadanos”, enfatizó.
La defensa del Gobierno fue categórica: es falso que la Reforma Judicial limite el amparo o deje indefensos a los mexicanos. Por el contrario, se presentó como un esfuerzo por modernizar el sistema de justicia, cerrar huecos de impunidad y agilizar procesos que hoy tardan años en resolverse.
