Por: Valentina Pérez
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“No existe una inversión en salud que rescate más años de vida productiva que la inversión en tratamiento de VIH” dijo Luis Mosqueda, presidente del Comité de VIH/Sida de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología, durante la presentación de una nueva estrategia nacional en VIH/Sida, trabajada en conjunto con Aids HealthCare Foundation (AHF) México y otras organizaciones.
En México, la epidemia abarca el 0.3% de población y la cobertura del tratamiento antiretroviral es 12 puntos porcentuales mayor a la media en Latinoamérica, que es del 68% de acuerdo a las últimas cifras publicadas por ONUSIDA. No obstante, el desabasto, el acceso al tratamiento, el costo y el seguimiento, no están garantizados en el país.
El principal problema reconocido por la nueva titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida), Patricia Uribe, es la desarticulación del sistema de salud. Debido a esto, la estrategia presentada avoca por la reestructuración del propio Censida; agilizar el proceso de incorporación al sistema a personas que son diagnosticadas positivas; portabilidad e integración de los servicios médicos y el tratamiento entre las diversas instancias de salud pública; buscar la compra consolidada de los antiretrovirales a las farmacéuticas para poder negociar un mejor precio.
Anualmente, el tratamiento antiretroviral de una persona infectada cuesta más de 47 mil pesos y el gasto total de inversión en asuntos relacionados al VIH/Sida en el país (con cifras del 2009) es de 4 mil 574 millones. De acuerdo al doctor Mosqueda y a Jorge Saavedra, embajador para Asuntos Globales de AHF México, las cifras en prevención y tratamiento se recuperan ya que se reduce el número de hospitalizaciones, el ataque de enfermedades oportunistas y se alarga la expectativa de vida, lo que lleva a aumentar la vida productiva de las 213 mil personas que viven con VIH en el país.
Un correcto tratamiento de las personas infectadas, de acuerdo a estas organizaciones, ayuda no sólo a aumentar la cantidad y calidad de vida de los pacientes sino que, al bajarles la carga viral, también descienden las posibilidades de contagio.
Aunque, en la presentación, la comunidad LGBTI sólo se mencionó en lo referente a los trans como grupo de riesgo; la prevalencia de la infección sigue concentrándose en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y como, lo han mencionado muchos organizaciones internacionales, una de las medidas para la prevención son los derechos de esta comunidad, porque reducen su vulnerabilidad.
Las metas a largo plazo (2018) trazadas por esta propuesta contemplan que: el 80% de las personas que viven con VIH conozcan su estatus, que el 85% de las personas VIH positivo reciban el tratamiento médico adecuado, reducción de 66% de nuevos casos, reducción de 70% de la mortalidad por Sida, 0 casos de nacidos con VIH y 100% de las unidades del Sector Salud ofrezcan la prueba de detección del VIH.
