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PGR deslasifica documentos; policías y Zetas coludidos en San Fernando

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(22 de diciembre, 2014).- Una tarjeta informativa desclasificada por el Instituto Federal  de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) revela que 17 agentes de la Policía Municipal de San Fernando, Tamaulipas, participaron en el secuestro masivo de pasajeros de autobús cometido en marzo del 2011.

A cambio de un pago de parte de la organización criminal de Los Zetas, los uniformados interceptaban personas y las entregaron a los criminales, lo que derivó en el hallazgo de 194 cadáveres en fosas clandestinas.

La revelación de estos datos se da a partir de una petición realizada a la Procuraduría General de la República (PGR) por parte de la organización estadunidense National Security Archive, especializada en acceso a la información pública, que solicitó correos electrónicos, minutas, acuerdos y otros documentos oficiales relacionados con la masacre.

Pese a que la PGR se negó a brindar la información porque formaba parte de un expediente, el IFAI revocó la respuesta y obligó a la dependencia federal a entregar la información.

En una tarjeta informativa elaborada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se resumen las diferentes averiguaciones previas iniciadas tras la captura de presuntos integrantes de “Los Zetas”, la primera de las cuales tiene fecha del  3 de abril del 2011.

El documento recrea ocho testimonios de presuntos integrantes de “Los Zetas” que describen su relación de complicidad con policías municipales.

Pese a las incriminaciones, los agentes locales negaron conocer a los criminales, únicamente Álvaro Alba Terrazas, alias “El Junior”, declaró: “sé que los policías de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de qué cuando detienen a la gente se la lleven al Pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas, el mero bueno es un policía viejito que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de esa organización para colaborar”.

Sin embargo, todos negaron las acusaciones, incluido Oscar Jaramillo Sosa.

Para el 20 de mayo de 2011 la PGR inició la acción penal contra los 17 policías. Un mes después se les dictó formal prisión. Por el momento el juicio permanece abierto.

 

 

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