Este miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, situación sobre la cual hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad.
En semanas anteriores Revolución TRESPUNTOCERO, presentó una serie de casos de detenciones arbitrarias, en donde los testimonios de familiares y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dieron cuenta que fue Marina quienes levantó a hombres y mujeres, entre ellos menores de edad, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, en quienes son encontrados han sido ejecutados de manera extrajudicial.
“La Marina allana domicilios, detiene personas en la vía pública o dentro de sus vehículos y se los lleva. El resultado es una desaparición forzada y en ocasiones se finaliza con una ejecución extrajudicial”, afirmaron a Revolución TRESPUNTOCERO, las familias de las víctimas.
Sobre la problemática, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, narró en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO que, a partir de enero las detenciones arbitrarias terminan en desaparición forzada y en algunos casos en ejecuciones extrajudiciales, siendo ya recurrentes en la región.
“Lo que nos llamó la atención es que las personas son detenidas arbitrariamente, después desaparecidas y finalmente fueron encontradas sepultadas de manera clandestina en los límites de Nuevo Laredo.
“La principal preocupación que observamos en ese momento, es que los familiares y algunos testigos referían que en todos los casos fueron detenidos por personal de la Secretaría de Marina. Del 18 de enero al 8 de marzo pasado habían ocurrido nueve casos de desaparición forzada bajo el mismo modus operandi. Para abril ya se contabilizaban 30 casos entre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
“De quienes son ejecutados, llama mucho la atención la forma en que son enterrados. Lo hacen de manera superficial, como si quisieran que se encontraran los cuerpos fácilmente. En ocasiones exclusivamente con las manos a la vista o el rostro expuesto, lo que permite que se sepa que en ese lugar hay un cuerpo enterrado”, comentó Ramos.
En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, de febrero al 16 de mayo de 2018. Aunque según el Comité, habrían sucedido al menos 40 desapariciones durante este período.
De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU-DH, estas desapariciones habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados.
“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes “, dijo Zeid.
El Alto Comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido. En algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, y así han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas. Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.
“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, dijo Zeid.
El 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, entre otras, a la SEMAR (Secretaría de Marina), para proteger a la población civil de Tamaulipas, sin embargo, al menos tres desapariciones han ocurrido desde entonces.
“Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones”, señaló el Alto Comisionado. “Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”.
“Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones “, dijo el Alto Comisionado.
