(24 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Como Gerardo se resistió cuando se lo querían llevar lo agarraron a golpes y le dieron cachazos y le abrieron una parte de la cabeza y también le pegaron en las costillas y él anteriormente se había fracturado de una, así que con el golpe lo desmayaron y se lo llevaron a rastras”, recuerda Refugio, su madre.
Gerardo, padre de tres hijos, se dedicaba a atender su negocio de abarrotes en el barrio del Santuario, en Jalisco. Una tarde de 2014, cuatro hombres que iban en dos camionetas llegaron hasta su negocio y lo subieron por la fuerza a uno de los vehículos y como se resistió, ejercieron violencia física.
Mientras que su pareja ahí presente, aventó botellas a los sujetos y comenzó a gritarles para que no se lo llevaran, pero uno de ellos sacó su arma y disparó hacia arriba, cerca del balcón, justo en el lugar en el que estaba su hija de 8 años, aunque no fue lastimada sí quedó traumatizada. Un disparo más hizo que los vecinos prefirieran no acercarse al lugar de los hechos, fue así como se llevaron a Gerardo.
De acuerdo a un testigo, uno de los captores de Gerardo parecía ser un judicial por la manera en que iba vestido, indicó. Debido a que en el barrio del Santuario, ubicado en el centro de Guadalajara, se realiza la venta de medicamento controlado de manera irregular, la presencia de agentes estatales ha sido una constante.
Gerardo, años antes había tenido problemas con uno de ellos cuando trató de impedir que maltrataran a su pareja acusada de vender medicamento; en ese incidente fue detenido junto con otras siete personas bajo el argumento “que todos se dedicaban a la venta de medicina” y fue trasladado hasta el penal de Puente Grande.
Las irregularidades de la detención detectadas por un abogado permitieron que Gerardo y el resto de los detenidos fueran puestos en libertad, pero el judicial le advirtió a Gerardo que “las cosas no se quedarían así”.
Del levantón de Gerardo, Refugio se enteró horas después de la desaparición a través de su nieta y su nuera, acompañando a esta última a interponer su denuncia en las instalaciones de una Cruz Verde cercana al lugar de los hechos, e iniciando con ello un “peregrinar que no termina” ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a una investigación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Una de las acciones más rápidas que se tomaron fue la presentación del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer un levantamiento de pruebas en el sitio y se recabaron los casquillos de bala que quedaron en la calle, lo cual quedó asentado en la denuncia.
Después que acudió con su nuera a interponer la denuncia, la madre de Gerardo presentó su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía y acudía cada semana para saber si su hijo había aparecido. No obstante, le negaban información sobre los avances en el caso porque “ella no había sido la denunciante”, solamente le indicaban que la investigación continuaba.
Lo que logró hacer fue ampliar su declaración y solicitar que le pidieran a su nuera que acudiera con las autoridades, con el fin de hacer un retrato hablado de los sujetos responsables de haberse llevado a su hijo. El Ministerio Público le prometió que llamarían a su nuera pero eso jamás ocurrió.
Refugio declaró, “me cambiaron al MP y el que me tocó me dijo que desgraciadamente el anterior estaba coludido con el crimen organizado y entonces yo dije ‘cielos, ¿en dónde puse a mi hijo?’ Porque yo le conté todo (…) darme cuenta de que pertenecía al crimen organizado me mató”.
Aunque la madre pidió explicaciones por la relación MP-crimen organizado, nunca hubo alguna por parte de las autoridades y tampoco medidas para contrarrestar de algún modo el peligro bajo el cual se pusieron los avances de su caso.
De acuerdo a la investigación, esa no ha sido la única vez que cambiaron al personal a cargo del caso. “Refugio se dio cuenta de 4 veces en que se hizo rotación de agentes del misterio público en un periodo de 2 años y medio, lo cual ha hecho más lento el avance de su caso.
Apenas en 2016 le habían mostrado la sabana de llamadas que omitía información de 24 días posteriores a la desaparición. Al cuestionar al agente en turno de la razón de dichas omisiones, éste le pidió que le dejara leer el documento porque lo acababan de cambiar y no estaba enterado del caso, y posteriormente le dijo que “se encargaría” y que le llamaría, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha. Nunca le han llamado”, señala en el documento consultado por Revolución TRESPUNTOCERO.
Además, ha señalado que se ha enfrentado a la criminalización de su hijo cuando ha recibido atención de las autoridades, ante preguntas como “¿Su hijo en que andaba, con que gente se juntaba?” o “¿En que andaba? “Yo creo que su hijo andaba en malos pasos porque esto que le pasó no es normal”. A estos comentarios Refugio considera que se suman las declaraciones del Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer, en que se clasifica a las personas desaparecidas: ¿Cómo se pone a clasificar a los desaparecidos?
En que unos están enfermos de la cabeza, que se van porque están hartos de la familia y que hay otros, de hecho dio la cifra de 414, que están coludidos con el crimen organizado ¿no?
“Entonces yo me pongo a pensar: mi hijo no estaba harto de nosotros, no estaba mal de la cabeza, por qué se lo llevaron, me quedan solamente los 414. Pero también digo si él estaba con los 414, pues que lo busque y que lo encarcele, es un ser humano y sea como sea tiene derechos, y eso es lo que yo siempre exijo, que se respete y que se busque”.
“Yo si quisiera decirle al fiscal que ya basta, que se ponga en los zapatos de nosotros para que sienta por el dolor que estamos pasando nosotros”. Refugio viajó en 2015 al Distrito Federal para interponer una denuncia por la desaparición de Gerardo en la Procuraduría General de la República pero la atención también le fue negada por las autoridades federales. Primero usaron el argumento que “necesitaba llevar una carta de derechos humanos para ver si podría interponer su denuncia”.
Hoy Refugio asegura que, “ahorita mi prioridad es encontrar a mi hijo y así se me vaya la vida, espero en dios encontrarlo, encontrarlo con vida y dar con la verdad”. Jalisco es la tercera entidad con más casos de desaparición forzada registrados, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante el periodo 2007-2016.
Cabe señalar que, los reportes de desapariciones en la entidad se duplicaron de 987 a mil 950 durante el periodo 2006-2016, de acuerdo con el oficio FG/UT/7209/2016, datos obtenidos vía la Ley de Transparencia.
Siendo los hombres quienes representan 54% y las mujeres 46%. De estos reportes, la fiscalía no entregó el número de localizados vivos y muertos. También durante el mismo periodo se ubicaron cientos de narcofosas con más de 200 cuerpos.
