La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, “no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, aseveró este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al responder a los señalamientos de 25 expresidentes integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), quienes calificaron el arresto como un acto de “venganza política”.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exgobernador panista por su presunta participación en el delito de contrabando de combustible —conocido como «huachicol fiscal»— y fraude a la hacienda pública.
“Quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito. Hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum expuso que los señalamientos presentados por la FGR «no son cualquier cosa». De acuerdo con las indagatorias, Ruffo Appel figura presuntamente como el principal socio accionista de una empresa importadora que ingresaba combustible al país declarando volúmenes menores a los reales o registrando mercancías distintas para evadir impuestos.
Sheinbaum defiende el «actuar parejo» de las instituciones
La red de distribución involucrada abarca varias entidades del país y derivó en el aseguramiento de una treintena de ferrotanques. Para documentar técnicamente la investigación, la FGR ha integrado 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía y criminalística.
La presidenta precisó además que en estas pesquisas sobre huachicol fiscal existe comunicación y coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para el intercambio de información transfronteriza si el caso lo requiere.
Finalmente, Sheinbaum señaló que el exgobernador está en su derecho de recurrir a amparos y herramientas legales que le otorga el sistema de justicia, pero insistió en que el origen del caso responde estrictamente a un hallazgo criminal a partir de ferrotanques abandonados y no a tintes partidistas.
Como muestra del actuar parejo de las instituciones, recordó las investigaciones en curso contra otros esquemas, incluyendo el caso del buque-tanque denunciado por la propia Secretaría de Marina que derivó en la detención de personal naval.
