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“Detonación de desapariciones forzadas desde que militares hacen labores de seguridad pública”: AI

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(1 de febrero, 2015).- Desde 2006 el Estado Mexicano no se ha encargado de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes relacionados con las desapariciones forzadas, dicha situación ha generado un gran problema de impunidad que ha conseguido crecer en proporciones desmedidas.

Este tipo de hechos se presentarán el próximo 2 y 3 de febrero ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés). Dicho organismo se encargará de revisar por primera vez en su historia los avances de México para cumplir sus obligaciones internacionales en ese rubro.

Amnistía Internacional presentará un informe, durante las audiencias, donde se señala que en México el delito de desaparición forzada no cumple con las normas internacionales, puesto que desconoce la varias formas en que un servidor público puede estar involucrado en los hechos.

Además de indicar que el inicio de una desaparición forzada es muy probable que sea la detención arbitraria, mismas que son una práctica muy persistente y extendida en México, incluso forman parte habitual en la actuación policial  y militar al momento de investigar delitos de cierta índole. De cualquier forma las medidas que se han tomado son insuficientes.

Uno de los fenómenos que detonó las desapariciones forzadas en 2006 fue la incorporación de los militares en las labores de seguridad pública y se señala que aun cuando se ha recomendado a México que detenga eso los militares no han regresado a sus cuarteles.

También lamenta que, aun cuando se han firmado y ratificado los principales instrumentos en materia de desaparición forzada, México no admite las facultades del CED para recibir quejas individuales.

Por su parte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló en su informe, de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre donde 3 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 más desaparecidos, que diversos servidores públicos tuvieron relación con dicho crimen, además de “la falta de capacidad del Estado” para poder encontrar a las víctimas o conseguir esclarecer el crimen.

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