(19 de agosto de 2014).- Por el presunto robo agravado de 123 millones 928 mil 265 pesos de las cuotas sindicales, el juez Primero Penal con sede en Pachuca, Hidalgo, Víctor Juárez, dictó auto de formal prisión a la ex dirigente de la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mirna García López.
La ex dirigente local del sindicato permanecerá en prisión al no presentar el pago de 215 millones de pesos que el juez había fijado como fianza para que pudiera enfrentar el proceso penal en libertad, aunque podrá hacerlo en el curso de los nueve meses en que dura el periodo probatorio y seguir su proceso sin estar en prisión.
Víctor Juárez afirmó que la ex dirigente “está con todo el derecho de poder obtener su libertad, sin embargo no ha exhibido el monto correspondiente. Ella puede hacerlo en cualquier etapa del procedimiento”.
Descartó el juez que el actual procedimiento responda a un enjuiciamiento político, y señaló que el auto de formal prisión es resultado del hallazgo de elementos que demuestran la culpabilidad y responsabilidad de García López en el delito que se le imputa.
En la averiguación previa 12/DAP/R/III/1895/2014 que se inició ante la Procuraduría de Justicia estatal, se afirma que el desvío de recursos se habría llevado a cabo durante año y medio después del término de la gestión de García López, por lo que fue detenía el 12 de agosto por miembros de la Coordinación de Investigación por la denuncia de robo agravado.
El actual dirigente sindical, Sinuhe Ramírez Oviedo, afirmó que a pesar de que el periodo de la ex dirigente terminó en diciembre de 2011, García López siguió firmando cheques y manejando dineros del sindicato, logrando desviar los fondos por los que hoy está en prisión con el aval de la entonces titular del área de Finanzas del sindicato y actual diputada, María Eugenia Coradalia Muñoz.
García López es acusada de expedir 109 cheques después de concluida su gestión aprovechando que su firma no había sido dada de baja en el banco Santander, además de realizar retiros de efectivo de los recursos del sindicato y posteriores depósitos a sus cuentas personales, hasta los primeros cinco meses de 2013.
De resultar culpable, la ex dirigente podría enfrentar una pena de 14 años en prisión.
