(27 de enero, 2014).- La diputada y vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Laura Ballesteros, presentó hoy una denuncia penal “en contra de quien resulte responsable” por los supuestos daños que sufrió el Monumento a la Revolución en los meses que la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) mantuvo un plantón en dicho lugar.
Alrededor de las 11:15 horas, la legisladora acudió a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ubicadas en la calle Gabriel Hernández de la colonia Doctores, donde dejó un documento exponiendo causas para que se inicien las investigaciones y se derive una posible acción penal.
Asimismo, demandó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que calcule cuáles son los costos “reales” que dejó el campamento que se prolongó durante tres meses y medio. “A raíz del plantón se realizaron daños por demás costosos, por eso, junto con esta denuncia, estamos preparando para el miércoles un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda nos plantee a cuánto ascienden los daños y pediremos que se inicien acciones penales en contra de quienes resulten responsables por ello”, anunció en conferencia de prensa al salir del “Bunker”.
Aunque no precisó la información del supuesto “daño” –del que sólo afirmó que asciende a “millones”– ni señaló directamente a los “responsables”, acusó a “los integrantes de la CNTE” para que paguen por lo que “se rompió y de eso tendrá que hacerse cargo la Procuraduría”, expuso.
Desde el jueves pasado, Ballesteros anunció que con la investigación espera se deslinden responsabilidades concretas para saber quién debe pagar los daños ocasionados en el Monumento, ya que con motivo de los festejos el Bicentenario durante el sexenio de Marcelo Ebrard, el Gobierno del Distrito Federal invirtió 300 millones de pesos para remodelar el espacio.
“Al que dañe, altere, interrumpa, obstaculice o destruya alguna vía o medio local de comunicación, de transporte público, de transmisión de energía, se hace acreedor de uno a cuatro años de prisión, de 100 a cinco mil días de multa. A quien destruya o deteriore una propiedad ajena , 20 a 60 días de multa, de seis meses a dos años dependiendo del agravante cuando se afecta el patrimonio de otra persona en la calle”, recitó la diputada.
Ballesteros Mancilla ha manifestado que actualmente existe una “operación hormiga” de la Coordinadora para volver a tomar la Plaza de la República: el 5 de enero, tras el repliegue que realizó el GDF, había 65 personas; el 6 de enero existían 160 personas; y el 20 de enero ocupaban el Monumento a la Revolución 450 personas.
