(29 de octubre, 2013).- Si bien el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal para que el Ejecutivo pueda conceder el indulto a una persona y que, en este contexto, se beneficie de forma directa al profesor Alberto Patishtán Gómez, algunos diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) consideraron innecesaria la modificación.
De acuerdo con estos legisladores, el titular del Ejecutivo ya cuenta con dicha atribución en el artículo 89 constitucional, con el cual puede conceder indultos a reos sentenciados por delitos de fuero federal y del orden común. De hecho, José Francisco Coronato de MC y Catarino Duarte junto con Rosendo Medina, ambos del PRD, se mostraron dudosos sobre la legalidad de la reforma.
Luego de recibir el dictamen de la Comisión de Justicia, con 442 votos a favor se decidió incluir un artículo 97 Bis al Código Pebak para que, a petición de una de las dos Cámaras del Congreso o por decisión propia, el residente de la República pueda conceder el indulto cuando existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado.
Coronato afirmó que si votó a favor del dictamen “fue por humanidad, porque ésta es una aberración jurídica. Lo que procede es reclamar la inocencia de Patishtán”. Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Ricardo Monreal Ávila, señaló que si bien el nuevo artículo en el código penal no es la mejor forma para lograr la liberación del profesor tzotzil, sí se corregirá una injusticia.
Como ha sucedido anteriormente, el Canal del Congreso cortó la participación de Monreal en tribuna y cambió la transmisión a la sesión del Senado de la República. El diputado expresó su molestia y agregó “que no es conveniente que a ningún compañero de esta Asamblea se le haga esa grosería”.
Por su parte, legisladores de otras bancadas resaltaron que esta adición, además de apoyar en el proceso penal contra Patishtán, busca corregir la ausencia de justicia que prevalece en el Poder Judicial.
Carlos de Jesús Alejandro, diputado del PRD, sostuvo que existen más de ocho mil casos de indígenas presos a quienes se les violentó su derecho al debido proceso, sólo por no contar con un intérprete o un traductor. Agregó que “desafortunadamente se trata de un práctica sistemática en el Estado mexicano”.
Otro legislador perredista, Roberto López Suárez, afirmó que para beneficiar verdaderamente a otros indígenas presos es preferible impulsar una ley de amnistía, pero que por lo pronto es urgente que se libere al profesor.
