Legisladores locales del estado de Chihuahua promovieron una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien señalan por presuntas irregularidades constitucionales derivadas de la supuesta intervención de agentes extranjeros en un operativo contra el narcotráfico que habría dejado cuatro personas muertas.
De acuerdo con los promoventes, las acusaciones se relacionan con “omisiones graves” que tendrían implicaciones en materia de soberanía nacional, seguridad interior y distribución de competencias entre el estado y la federación. El caso se origina a partir de señalamientos sobre la presencia de personal de Estados Unidos durante una acción operativa en territorio chihuahuense.
En el documento legislativo, los diputados sostienen que la denuncia busca que la Cámara de Diputados analice el caso y, en su caso, proceda a formular la acusación ante el Senado por una eventual responsabilidad política de la titular del Poder Ejecutivo estatal. El escrito, de más de un centenar de páginas, plantea dos posibles vías de responsabilidad: una por acción y otra por omisión.
En el primer escenario, los legisladores plantean la posibilidad de que la mandataria o su administración hayan autorizado, facilitado o tolerado mecanismos de colaboración con agentes extranjeros fuera del marco constitucional. En el segundo, argumentan que podría tratarse de fallas en la supervisión institucional que habrían permitido actuaciones sin control suficiente en materia de seguridad.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción formal de la solicitud en la Secretaría General de San Lázaro. Precisó que el procedimiento establece la ratificación del documento a más tardar el 29 de mayo y, en caso de cumplirse ese paso, el expediente será turnado a la Subcomisión de Examen Previo para su análisis.
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