Zazil Carreras / @Zazil3_0
(7 de mayo de 2013).- Diputados locales y federales de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron este lunes a la dirigencia nacional de su partido, encabezada por Jesús Zambrano, que se retiren del Pacto por México, pues aseguran que Enrique Peña Nieto utiliza este acuerdo para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de programas sociales, como la Cruzada contra el Hambre.
De acuerdo a un comunicado, los legisladores perredistas afirmaron que se violentó el acuerdo del día 22 de abril entre la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y los jefes delegacionales del Distrito Federal, para la entrada en vigor de este programa en la Ciudad de México.
Alberto Martínez Urincho, legislador capitalino, denunció que en el Centro Social Ejidal Emiliano Zapata, ubicado en Cuautepec, personal de la Sedesol condicionaba los apoyos federales a cambio de la afiliación al PRI por parte de los posibles beneficiarios.
Debido a esto, los diputados solicitaron una vez más la renuncia de Robles, así como del delegado de la dependencia en el Distrito Federal, por el uso “faccioso” de los recursos públicos, pues consideraron que se trata de un caso similar al que sucedió en Veracruz.
Martínez Urincho convocó al PRI a un debate público sobre el tema y aseguró que el PRD no permitirá que “el dinosaurio se venga a comer lo que se ha alcanzado en 15 años de labor social”.
Indicó que, de lo contrario, Robles tendrá que ser quien dé la cara por los acontecimientos ocurridos en la Delegación Gustavo A. Madero, demarcación en donde se encuentra el centro social, y no el PRI.
Jhonatan Jardines Fraire, diputado federal perredista, se sumó a la exigencia de que el PRD abandone el Pacto por México que “sólo es un medio de control que sirve a los intereses del gobierno de Peña Nieto y del PRI”.
Explicó que en un lugar como el Distrito Federal, la Cruzada contra el Hambre no es un programa de carácter estrictamente social, pues tiene toda la intención de influir electoralmente.
“De no ser así, no debe haber inconveniente para que los recursos del programa sean aplicados directamente por los jefes delegacionales, que son las autoridades que más conocen las necesidades de la población; pero a la Sedesol no le ha parecido la propuesta”, agregó.
