(09 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que crea la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control, que podrán ordenar el cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal e incluso a las dos cámaras del Congreso: el Senado y San Lázaro, aunque la Constitución define que los recintos legislativos son inviolables.
Según la nueva legislación, la figura del cateo se extiende al Poder Judicial, así como a los organismos constitucionales autónomos, esto es, a las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
El código prevé también la intervención de llamadas telefónicas de militares y particulares y deja fuera la responsabilidad de las fuerzas armadas cuando existan víctimas de violaciones a derechos humanos.
La primera instancia en expresar su desconcierto ante estos cambios legislativos que engrandecen a las fuerzas militares fue la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
El 27 de abril, dirigió a los coordinadores parlamentarios del Senado y a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, un documento en el cual advirtió que el proyecto de decreto tenía aspectos sustantivos que debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos, sin embargo los legisladores ignoraron el llamado a recapacitar.
En este sentido, diversos defensores de derechos humanos, expertos juristas y especialistas en telecomunicaciones, coincidieron en señalar que las nuevas medidas se encaminan a convalidar las violaciones a los derechos humanos por medio de la creación de un fuero de excepción que beneficia al Ejército.
CNDH se guarda de emitir opinión alguna
El artículo 105 de la Constitución Política Mexicana faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a impulsar una acción de inconstitucionalidad por la posible contradicción entre esta norma castrense y la Carta Magna, contando con 30 días naturales a partir de la publicación de esta norma; sin embargo, a 18 días de haberse anunciado los cambios, ni la CNDH ni el Instituto Federal Electoral (IFT) han emitido ninguna opinión al respecto.
Aunque Revolución TRESPUNTOCERO buscó la posición oficial de la CNDH y el IFT ante los cambios jurídicos que podrían afectarlos, las oficinas de comunicación social de ambas dependencias pretextaron falta de tiempo para responder a nuestra solicitud de información.
Revolución TRESPUNTOCERO dialogó con Carlos Ríos Espinosa, experto en justicia procesal penal y ex integrante de la Comisión Nacional de Víctimas. En su opinión, los cambios al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales crean un código completo que permitirá a los castrenses “tener un sistema penal paralelo, autónomo, no subordinado a la justicia civil, que ciertamente fortalece el fuero militar que tanto ha sido criticado por órganos internacionales y nacionales de defensa de derechos humanos”.
Para el jurista, es casi increíble que se hayan validado aspectos como el no reconocer como víctimas a aquellos ciudadanos que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos; que los menores de 12 años serán exhortados para que se conduzcan con verdad, al tener calidad de testigo en procesos penales militares; impedir materialmente la cobertura periodística de los juicios orales de las fuerzas armadas, entre otros.
“El Estado de excepción se crea por esta tendencia de involucrar a los militares en tareas de seguridad pública e investigación del delito, este incluye la posible intromisión del Ejército en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que a mi consideración, no sólo viola su autonomía; sino que pone en riego el trabajo libre de la institución”, destacó Ríos Espinosa.
El silencio de la CNDH contribuye a la militarización
En tanto, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue más duró al criticar el silencio en el que ha caído la CNDH después de que se difundieron los cambios al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO explicó: “yo no las llamo reformas, para mí son ‘el fuero de guerra’, es un avance dentro de las formas legales de violaciones a los derechos humanos; esto confirma que no podemos creer en la independencia de la CNDH, desde su creación ha servido para fines políticos y garantizar la impunidad en México. La CNDH en estos momentos es parte de los instrumentos para perpetuar la impunidad en México”.
Mata Montiel considera que el silencio de la CNDH contribuye a la militarización de la vida política del país y a que la sociedad civil pierda espacios de manifestación y organización ante el robo de las garantías constitucionales.
“Los diputados y senadores no deberían haber votado estos dictámenes, ahora ellos son responsables de entregar los derechos humanos a las fuerzas militares y restar autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, afirmó.
En el mismo tono de reclamo a la CNDH, Elsa Arista coordinadora de la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos afirmó a Revolución TRESPUNTOCERO que ante las situaciones como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el caso Tlatlaya, el Estado mexicano lo que está haciendo es protegerse con reformas que buscan justificar sus acciones para evadir su responsabilidad.
“La realidad es que el movimiento por la defensa de los derechos humanos lo hace la sociedad civil, no se me hace raro que actué así la CNDH, como una libre comparsa del Estado, la comisión tendría que estar velando porque no se violenten nuestros derechos, pero si no se pronuncia en contra de esta violación a su autonomía generará más desconfianza entre los ciudadanos”, explicó Elsa Arista.
IFT, también supeditado a un solo poder: el Ejército
Otra dependencia “autónoma” que bajo las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales podrá ser cateada si los jueces militares así lo ordenan, es el Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT).
Por mandato de ley, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México por lo que regula, promueve y supervisa el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; también garantiza el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, incluidos la banda ancha e Internet.
Con el fin de abundar en los alcances que tendrá la posible intromisión de los militares en esta dependencia, Michel Hernández Tafoya, abogado especialista en tecnologías de la información y consejero de la organización no gubernamental Observatel -dedicada al análisis de la evolución del sector de las telecomunicaciones en México- expresó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que su principal preocupación es que este nuevo código desconoce la naturaleza jurídica de las instituciones autónomas y las supedita a un solo poder: el Ejército.
“Desde el punto de vista jurídico lo veo totalmente injustificado porque para eso hay mecanismos de colaboración, lo primordial deberían ser las estrategias de coordinación no veo como el IFT pueda rehusarse a facilitar información a otro poder para que cumpla con sus funciones ya sean militares o del fuero común; sin embargo, el hecho de imponer estas medidas nos habla de una falta de conocimiento preocupante sobre este tipo de órganos”, detalló Hernández Tafoya.
El especialista agregó que la implicación de una invasión legal a un órgano como el IFT podría derivar en que las autoridades militares soliciten información directamente a las empresas de telecomunicaciones sin reconocer la participación del IFT como cabeza del sector.
“La geolocalización en tiempo real, el origen-destino de la comunicación entre usuarios de estas redes, tus números de contacto, tus mensajes, todo estaría bajo escrutinio de los militares, a nadie le gustaría que ellos supieran con quién hablas para qué hablas, de qué platicas, desde dónde lo haces. Este nuevo código relaja los candados que protegen la privacidad y permitirá que los ciudadanos no sepan que se tiene acceso a su información”, concluyó el experto.
