Por Enrique Alvarado González
El reconocido e histórico bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México es colocado nuevamente en la palestra de la corrupción a raíz de una denuncia contra la Dirección de Verificación y Normatividad que, a pesar de haber sido resuelta medianamente en lo administrativo, aún requiere una resolución legal, situación que alcanzaría incluso a la presidencia del municipio.
(25 de febrero, 2014).- En octubre del año pasado, una denuncia ciudadana causó revuelo en el Palacio Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México; luego de que el empresario Asael Ávila Pérez, dueño de la cadena ‘Charly’s Pizza’, harto de las extorsiones que había sufrido por parte de la Dirección de Verificación y Normatividad, así como del propio titular de la dependencia, decidiera poner fin a esta situación y denunciara tal acoso en la propia Contraloría del municipio.
En noviembre se destapó la cloaca en una reunión de evaluación entre los 19 regidores y el Presidente Municipal, el priista Pablo Bedolla López. “Cuando el presidente se entera del caso pide que se actúe fuertemente; es él quien pide que sea cesado Quiquet Pastor Betancourt”, mencionó Tassio Benjamín Ramírez Hernández, 5º Regidor del Cabildo de Ecatepec y quien ha seguido de cerca el caso desde un principio.
Y aunque parezca raro en un municipio donde su administración es apuntada por la alta corrupción, impunidad e incluso ligas con el crimen organizado, el cese del funcionario se llevó a cabo. De esta forma, el 16 de diciembre se dio a conocer que Verificación y Normatividad estaría a cargo de Sergio Rodríguez Pallares en sustitución de Pastor Betancourt.
“Ya no era un asunto de percepción, era un asunto de realidad que los ciudadanos llegaban a muchas oficinas, las de mis compañeros síndicos, regidores y de la propia secretaría del Ayuntamiento, a denunciar actos de corrupción por parte de los inspectores de área, y obviamente también de quien la encabezó este año”, indicó en aquel momento Diana Méndez Aguilar, 3ª Sindica del Ayuntamiento local, dando por hecho que las acusaciones del dueño de ‘Charly’s Pizza’ eran ciertas.
Sin embargo, el caso no se ha cerrado por completo. Una foto que llegó de forma anónima a #RevistaHashtag, abre la incógnita sobre la situación y paradero de Quiquet Pastor Betancourt; en ella se aprecia al señalado en una reunión del Comité Municipal de PRI de Ecatepec, situación por demás antinatural pues al no pertenecer a dicho órgano su presencia levanta sospechas sobre algún tipo de “protección política”, de acuerdo con el entrevistado.
Respecto a la temporalidad de la imagen, al fondo de la sala se aprecia claramente una especie de periódico mural en honor de Luis Donaldo Colosio Murrieta, situación que resalta pues apenas el 10 de febrero se celebró el natalicio del fallecido ex candidato presidencial.
Paralelamente quedan pendientes las resoluciones por parte del Municipio contra la Contraloría por no procesar penalmente a Pastor Betancourt, aún con la obligación de hacerlo, acusación que incluso podría fincársele al propio Presidente Municipal.
La penuria de ‘Charly’
En unos oficios de la Contraloría Interna Municipal, a los que #RevistaHashtag tuvo acceso, se incluye parte de la queja (presentada el 4 de octubre de 2013) impuesta por Asael Ávila, así como la forma en que éste fue extorsionado por no contar con licencias de funcionamiento de sus cuatro pizzerías.
Uno de estos documentos, es la solicitud de comparecencia de Juan Gerardo Torres Lua, uno de los implicados y también empleado de la Dirección de Verificación y Normatividad, por parte del Contralor Interno Municipal, Mauricio Herrera Trejo.
En el archivo, el empresario narra cómo un día de septiembre llegó a la sucursal de avenida López Portillo, el citado Gerardo Torres a “negociar” el proceso de regulación, para lo cual acordaron la entrega de 18 mil pesos por todas las pizzerías.
Al día siguiente Asael recibió una llamada para que acudiera con Quiquet Pastor, pues éste último ya tenía conocimiento del acuerdo al que habían llegado; en aquella reunión la cifra se elevó y acordaron 30 mil pesos que serían entregados en dos partes. El 14 de septiembre, Ávila se presentó a las oficinas de Verificación y Normatividad para entregar el dinero (diez mil pesos) personalmente a Pastor además de unas pantallas de televisión.
Sin embargo, el 2 de octubre Asael se dio cuenta que habían cerrado sus negocios y dejado notificaciones, además de desalojar violentamente a sus empleados. Cuando preguntó a los verificadores la razón de la clausura y los sellos de suspensión, éstos respondieron que se debía que no había cumplido el acuerdo de entregar los 20 mil pesos restantes. Ese mismo día acudió con Quiquet Pastor quien se encontraba en compañía de una persona identificada como ‘Licenciado Héctor Adolfo’, al parecer otro implicado en la corruptela. La razón de Quiquet fue la misma: la falta de entrega del dinero.
En la conversación le indicaron que la cantidad había subido a 87 mil pesos por retirar los sellos; después de negociar, el ‘Licenciado Héctor’ le explicó que se lo podían dejar en 40 mil “sin recibo”. Luego de aclararles que no podía juntar la cantidad, lo amenazaron diciendo que si no cumplía para el 3 de octubre le cerrarían definitivamente las pizzerías; al final acordaron que el día 3 llevaría 20 mil y para el 8 de octubre los 20 mil restantes.
En ese momento llamaron a uno de los verificadores para que retiraran los sellos pero luego se negaron y le dijeron que fuera el propio personal de las pizzerías quienes debían quitarlo “para no meterlos en problemas”.
El 3 de octubre llegó, y Asael recibió la llamada de Quiquet, en ella rechazó darle más dinero a lo que éste último le advirtió que se atuviera a las consecuencias, pues el día 4 se los cerraría, para ello se previno y no lo abrió. Ese mismo día presentó la queja directamente a la Contraloría del Municipio, que semanas después desembocó en la destitución.
En otro oficio recibido por la contraloría el 14 de octubre del mismo año, el entonces Director de Verificación y Normatividad, refutó la versión de Asael Ávila y calificó sus argumentos como “totalmente falsos” y carecer “de fundamento legal”.
Normatividad y Verificación en la mira
El caso de ‘Charly’s Pizza’, no resulta ajeno en la actual administración de Ecatepec. De acuerdo con Tassio Ramírez, a lo largo del año pasado “existieron 30 quejas más de locatarios por extorsión de Normatividad y Verificación”, y éstas se presentaron desde mayo, pero “se actuó hasta noviembre pues únicamente esta persona (Asael Ávila) fue quien le dio seguimiento a la queja”, aludió.
Y la problemática no para ahí. “Existe un problema muy fuerte de corrupción”, acepta el funcionario mexiquense, “pues la gente de Normatividad y Protección Civil ‘se pelean’ las mordidas de los locatarios, a mí incluso un empresario me llamó una vez para decirme que una persona de Protección Civil quería cerrarle el negocio, lamentablemente cuando llegué ya no estaba”.
Aunque desde su perspectiva, no todo fue negativo con el conocimiento de las extorsiones, ya que “sacudió internamente la oficina, pues de los 40 inspectores que existían quedan únicamente 12, en ese sentido fue positivo que se diera a conocer”, menciona Ramírez Hernández.
La dependencia a la que hace referencia, se encuentra en un momento crítico, además, cuenta el funcionario, hace mes y medio estuvo a punto de desaparecer por los problemas que tiene, incluso “la misma gente de normatividad habla de que se llegó a un acuerdo con los locatarios extorsionados de arreglar su situación para que se callaran”, problemática que en caso de comprobarse supondría una nueva sacudida interna.
Embrollo legal
A pesar de las resoluciones administrativas ya mencionadas por el 5º regidor, el orden legal dicta mayores correcciones respecto al delito de extorsión. De acuerdo con el Código Penal del Estado De México (apenas reformado en octubre del 2013 por Eruviel Ávila), las personas que cometan extorsión, “se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a quinientos días multa”.
Y continúa: “Se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias”; y en el punto cinco hace referencia: “El sujeto activo del delito sea o haya sido… servidor público, o se ostente como tal…”. Características que hace referencia al delito cometido por Quiquet Pastor Betancourt.
Aunado a ello, se podrían fijar cargos contra la Contraloría Interna Municipal por no haber canalizado la denuncia al Ministerio Público, así como a otros funcionarios implicados directamente entre los que figuraría incluso Pablo Bedolla, Presidente Municipal.
Consultada sobre la situación, la abogada María del Consuelo Ramírez Pérez, académica de la Facultad de Derecho en la UNAM menciona que “la ley es clara en el sentido de que aunque sean servidores públicos de mayor o menor jerarquía existe la obligación de presentar denuncia, si están dentro de la administración pública y se dan cuenta, deben presentar denuncia”.
Y abunda: “en este caso el ministerio público debería solicitar una copia de expediente administrativo para que obre como constancia y se integre la averiguación, y él (Quiquet Pastor) aunque haya sido destituido tiene la obligación de responder penalmente”.
“Habrá que ver la responsabilidad en que han incurrido los demás servidores públicos y que se les aplique la ley de responsabilidad de servidores públicos, si es que están encubriendo conductas irregulares, se puede juzgar a los que no hicieron nada en su momento”, refiere Ramírez Pérez.
Respecto a la situación del denunciante, Asael Ávila, la litigante precisa que aún está a tiempo de presentar una denuncia contra Quiquet Pastor, pues no sólo debe responder por la vía administrativa, sino también por la vía penal.
Cuentas pendientes
A pesar de que el Presidente Municipal está facultado para pedirle un informe a Contraloría, éstos argumentan que el caso sigue en proceso administrativo, “pero tienen como plazo hasta julio para entregar un informe”, asegura Tassio Ramirez, y en palabras de él, “es ahí cuando se aplicarán las medidas disciplinarias y las personas que resulten implicadas tendrán que responder”.
Hashtag solicitó hablar con el Contralor, Mauricio Herrera Trejo en más de 9 ocasiones, para obtener su versión del caso y la probable resolución, sin embargo, nunca hubo una respuesta positiva.
“No puedo acusar a nadie directamente porque no tengo pruebas, pero el hecho de que no hayan dado un informe (Contraloría) me hace pensar mal”, arguyó el regidor de Ecatepec.
A la espera de que se cumpla dicho plazo, el inexistente proceso legal y los múltiples señalamientos de corrupción no hacen más que agudizar las críticas al alcalde Pablo Bedolla, quien en noviembre del año pasado, fue señalado por Horacio Jiménez López, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), de estar coludido con el crimen organizado por la fuerte delincuencia que impera en el municipio mexiquense, donde recientemente fue asesinado a balazos un estudiante y policía vial de 22 años dentro de las instalaciones de la UAEM, Ecatepec. Una estela más de fétida descomposición administrativa en la ya cuestionada administración.
