La Consejería Jurídica del Ejecutivo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se impida la difusión de estadísticas detalladas sobre las intervenciones de comunicaciones privadas que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Fue el consejero Humberto Castillejos, el encargado de promover ante la Corte un recurso, previsto en la Ley General de Transparencia, el cual le permite la impugnación de fallos del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) alegando “razones de seguridad nacional”.
Por su parte, el Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, admitió el recurso a trámite el 4 de agosto y giró la orden al INAI de suspender la difusión de los datos que solicitó un particular “mientras el litigio es resuelto por el máximo tribunal”, dicho proceso podría llevarse hasta seis meses.
Ésta es la segunda vez que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, hace uso de dicho recurso, siendo el único por el cual una autoridad puede bloquear judicialmente las órdenes del INAI.
Sin embargo, el Cisen ya había aceptado publicar el número de intervenciones de comunicaciones privadas que solicitó a jueces federales en 2014, siendo en total 747, de las que sólo 21 fueron negadas. Aunque, se negó a informar cuántas personas y dispositivos fueron intervenidos, aun cuando el INAI consideró que esta información sí se puede hacer pública, de acuerdo con un fallo de mayo pasado.
“La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada”, afirmó el pleno del INAI, rechazando así el argumento del Cisen “que no puede publicar más datos porque su actividad de inteligencia es reservada”.
A su vez, el INAI sí aceptó, en cambio, que por mandato de ley “el Cisen no puede difundir ningún aspecto del contenido de las solicitudes de intervención”.
Esto porque las intervenciones de comunicaciones del Cisen están previstas en la Ley de Seguridad Nacional de 2005, “para casos en los que se considere que existe amenaza que ocurran actos que atentan contra la estabilidad del país, como terrorismo, sabotaje, rebelión, interferencia extranjera, etcétera”.
Dichas solicitudes son presentadas en secreto ante seis jueces federales, quienes son también encargados de autorizar intervenciones a la PGR y la Policía Federal; estos funcionarios tienen las oficinas en un edificio de Insurgentes Sur, cuyo acceso al público está restringido.
Cabe señalas que, las escuchas, válidas sobre cualquier dispositivo o tecnología, tienen una vigencias de hasta 360 días naturales. En otras ocasiones, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha apelado fallos del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) alegando “razones de seguridad nacional”.
Así, en septiembre de 2015, impugnó una orden de transparencia para que el Estado Mayor Presidencial (EMP) publique datos sobre itinerarios, planes de vuelo y listas de pasajeros de su flota aérea de julio a octubre de 2014.
