(21 de febrero, 2014).-Desde el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la figura del arraigo contradice el derecho a la protección judicial, pues viola el derecho a la libertad personal. Por ello, México ha recibido recomendaciones para eliminar la figura de arraigo, que ha sido duramente criticada por diversos países en el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT) entregaron una misiva al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que expresan acciones de inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, así como de los amparos en revisión 546/2012, 545/2012, 164/2013 y del amparo directo en revisión 1250/2012; que tienen como elemento común la revisión de la figura del arraigo.
Las organizaciones de la Red TDT sostienen como parte de su agenda pública que el arraigo es una medida que constituye una violación flagrante de los derechos humanos; en específico los relativos al debido proceso, a las garantías judiciales, a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial, a la seguridad personal, a la no autoincriminación y a la libertad.
La figura del arraigo que se incluye en nuestra Constitución a partir de 2008 permite que, sin ser parte de un proceso penal, se pueda privar de la libertad a una persona para su investigación. Representa un sistema inquisitivo que parte de la presunción de culpabilidad y de un desequilibrio procesal a favor del Ministerio Público.
Desde el enfoque penal, el arraigo tampoco satisface los principios de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad como límites de utilización del poder punitivo del Estado como ultima ratio, ya que existen medidas cautelares menos restrictivas de la libertad personal que no son empleadas por los operadores del aparato de procuración e impartición de justicia.
