Vaya que ha generado controversia el más reciente choque entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, por la consulta para la revocación de mandato. Un conflicto que evidencia la disputa política que existe entre los remanentes del viejo régimen y el proyecto reformador de la Cuarta Transformación.
Aunque el pleito entre el actual presidente y el órgano electoral data ya de varios años, el último encontronazo tiene que ver con el recorte presupuestal al INE. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió una propuesta de 24,649 millones de pesos para el INE en 2022, y la Cámara de Diputados terminó aprobando un recorte de casi 4,913 millones de pesos, lo cual dejó al INE con un presupuesto de 19,736 millones de pesos.
De este monto, una parte está destinada al dinero que el órgano electoral debe entregar a los partidos políticos, por lo cual, le quedó un presupuesto operativo de 13,914 millones de pesos. De estos, 11,074 millones van destinados al oneroso aparato burocrático del INE y 1,564 millones para organizar las elecciones de 2022, que incluirán elecciones en seis estados ( Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas).
El INE tiene asegurados 1,275 millones de pesos para organizar la consulta para la revocación de mandato. Sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, asegura que dicha cantidad es insuficiente y se necesitan al menos 3,830 millones de pesos.
Ante la insuficiencia presupuestal, el INE optó por interponer un recurso de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un hecho inédito, en el cual, el INE pone en entredicho la faculta de la Cámara de Diputados para la asignación de recursos. De este modo, el órgano electoral reclama algo que legalmente no esta dentro de su facultad ni del Poder Judicial. Ante semejante disparate, dos ministros de la Corte han dado señales de que el máximo tribunal desechará la anómala controversia interpuesta por el INE, bajo el argumento de que el órgano electoral está obligado a cumplir con su mandato legal de organizar la consulta a pesar del ajuste presupuestal.
Ante el previsible revés, Córdova convocó a una sesión extraordinaria para posponer el proceso de revocación de mandato alegando falta de presupuesto, sin que siquiera se venciera el plazo para la recaudación de firmas. De las 2.7 millones de firmas necesarias, se entregaron al INE poco más de 6 millones de firmas, lo cual hace difícil pensar que el órgano electoral vaya a poder desechar dicho procedimiento pese a algunas irregularidades que fueron magnificadas en los grandes medios corporativos, como parte de una estrategia política de Córdova para tratar de boicotear la consulta. De este modo, y ante una nueva maniobra política del consejero presidente del INE, el instituto tratará de postergar lo más posible la revocación de mandato.
“Estamos en esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional”, cuestionó el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa del pasado 20 de diciembre.
Tras la medida del INE para posponer el proceso de revocación de mandato, Morena interpuso un nuevo recurso ante la SCJN en contra del INE. El máximo tribunal del Poder Judicial admitió dicho recurso, cuestionando la maniobra política de Córdova y compañía, para evadir la resolución de la Corte. “Sería un contrasentido que lo que no obtuvo el Instituto Nacional Electoral en la controversia 209/2021, este organismo lo decrete por su cuenta”, señaló la SCJN al admitir el recurso de controversia de Morena contra el INE.
Lo paradójico es precisamente eso, que las cúpulas del INE estén más preocupadas por cómo financiar su millonaria e ineficaz burocracia, antes que cumplir el mandato para el cual fue creado dicho organismo: organizar procesos de participación democrática.
El boicot del INE deja mal parado a Córdova y los consejeros que se encuentran al frente del organismo. Su resistencia a recortar gastos en aras del bien común, ha quedado de manifiesto en la discusión pública, a pesar de que las derrotas élites neoliberales han utilizado el más reciente conflicto como un pretexto para arremeter contra el actual gobierno federal bajo la consigna #YoDefiendoAlINE.
El problema para el bloque opositor, es que el INE se encuentra en una situación de la espada contra la pared. Por más que pueda intentar postergar la consulta para la revocación de mandato, los consejeros del INE no podrán rehuir de su obligación legal. De lo contrario, podrían hacerse acreedores de sanciones e incluso facilitar un procedimiento de juicio político. A pesar de las contradicciones jurídicas para resolver este conflicto por la vía institucional, la alta popularidad y capacidad de movilización que ha demostrado López Obrador, hacen creer que el INE está disputando una batalla perdida de antemano. Una batalla en la que el organismo electoral pretende posicionarse por encima de los Tres Poderes de la Unión y un amplio sector popular altamente politizado. Semejante error de cálculo político de Córdova del INE, sólo se puede entender a la luz de su ejercicio como líder del bloque opositor.
Actualmente el INE opera más como un partido político de oposición, más que como un árbitro imparcial. Lo vimos durante las elecciones intermedias, cuando el INE utilizó criterios diferentes para sancionar faltas similares. Esta situación no pasó desapercibida en Morena, donde aprovecharon la coyuntura para ahorcar al INE por la vía presupuestal y obligarlos a apretarse el cinturón en época de la “austeridad republicana”.
Más allá de discutir los alcances y la necesidad de un ejercicio como la consulta para la revocación de mandato, el INE está obligado a cumplir con lo que manda la ley. No importa si los consejeros que controlan el instituto están de acuerdo o no con dicho proceso, o incluso si para reunir los recursos necesarios, el órgano electoral tendrá que hacer los ajustes necesarios para no seguir debilitándose frente a la opinión pública. Un escenario que podría facilitar una necesaria reforma política antes de que concluya el sexenio de López Obrador.
Al final del día, el INE está recibiendo hoy, una sopa de su propio chocolate al calor de una encarnizada batalla política entre los remanentes del viejo régimen y el proyecto de la Cuarta Transformación que busca consolidarse a pesar de las resistencias de una derrotada élite que anhela aquellos tiempos del bipartidismo de derecha.
Aunque en los defensores del INE se esgriman hoy como “guardianes de la democracia”, la historia reciente permite contar una historia muy distinta, pues el cambio de régimen político encabezado por López Obrador logró concretarse gracias precisamente, al desastre de país que quedó luego de que el órgano electoral fue cómplice de los fraudes electorales de 2006 y 2012, entre muchos otros. Por eso indigna, que ahora, con tremendo cinismo, quienes manejan el instituto pretendan lavarse las manos ante una situación que ellos mismos provocaron. Y como siempre, el pueblo movilizado será quien pronuncie la última palabra sobre la revocación de mandato.
