Alina Rosas Duarte / @Alinnoize
(19 de agosto, 2013).- Pobladores del municipio de Aquila con el rostro cubierto, así como la defensoría de los 40 guardias comunitarios detenidos y trasladados a Villaldama, Veracruz, dieron a conocer en conferencia de prensa la situación por la que el municipio atraviesa luego de que los guardias detenidos fueran acusados –entre otros cargos– de violación a la ley de armas y explosivos.
Una de las causas del conflicto en el municipio –según los pobladores de Aquila– tiene que ver directamente con la estancia de la empresa minera italo-argentina Ternium –misma que se autodenomina como “responsable con las comunidades en donde opera”– ya que, en un comienzo, ésta daba cuotas de 1200 pesos anuales a los comuneros por uso de suelo.
La explotación de la tierra comunal y el pago mínimo de la empresa a los comuneros para poder hacerlo, derivó en la organización de estos últimos para detener temporalmente las actividades mineras, situación que concluyó con la firma de un acuerdo en que la empresa Ternium concedió parte de las regalías a los comuneros.
Los habitantes de Aquila relacionaron el pago de regalías de la empresa con el inicio de una serie de amenazas hacia los comuneros y con el incremento del crimen organizado que actualmente amenaza la localidad. La solución fue la gestación de la guardia comunitaria.
Por otra parte, respecto a los señalamientos que se le hacen a Agustín Villanueva –identificado como uno de los líderes de los guardias comunitarios–, uno de los habitantes de Aquila señaló: “su único delito fue luchar por su comunidad”, mientras que el delito de los comuneros “fue resguardar al pueblo y a sus familias”.
Los pobladores denunciaron la violación de Derechos Humanos por parte del Ejército y la Marina en las detenciones del día miércoles. Exigieron el alto a la criminalización de las guardias comunitarias y hacer algo al respecto con las amenazas de muerte por parte de Templarios que rodean la comunidad.
La defensa legal, encabezada por el abogado del despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Leonel Rivero explicó que aún no se cuenta con el expediente de los detenidos, pero saben que 16 personas fueron consignadas por delitos no graves, mismas que podrían salir bajo fianza.
El despacho de Defensa Estratégica en Derechos Humanos señaló que llevará el caso de los 40 comuneros trasladados al penal federal de Villa Aldama, Veracruz, mientras el caso de los 5 detenidos en Michoacán ya está en manos de otros defensores.
Los abogados hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura para que no existan más violaciones al debido proceso, así como un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que mande visitadores que sigan los casos de los detenidos.
