Comentando con un amigo y colega español sobre mi artículo “La transformación de los agentes reguladores del Estado”[1] en el que argumentaba que lejos de ser una pérdida para la sociedad, el desmantelamiento de los organismos reguladores expone su fracaso como defensores del interés público y dí algunos ejemplos de los grupos sociales que ahora controlan los organismos que regulan las telecomunicaciones en los EEUU, Gran Bretaña y México, me hizo notar el caso de la intervención directa del Gobierno de España para proteger la “españolidad” de Telefónica frente a la entrada de capital Saudí[2] y al mismo tiempo consolidar a Indra como líder en defensa y ciberseguridad.
Mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales[3] el gobierno de Pedro Sánchez operó la destitución de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica y el nombramiento de Marc Murtra, ex presidente de Indra, en su lugar, junto con la designación de Ángel Escribano como presidente de Indra. Esta maniobra tiene implicaciones significativas para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo regulador de telecomunicaciones, y la industria en general, incluyendo riesgos para la competencia, la autonomía regulatoria y la percepción del mercado, pero lo más relevante es que el Estado español está decidido a recuperar el control de infraestructura clave para garantizar la seguridad nacional por encima de los dogmas neoliberales de la libre competencia y la autonomía regulatoria en sectores estratégicos.[4]
La colaboración reciente entre Indra y Telefónica ha consolidado la posición de ambas empresas como líderes en el sector de la ciberseguridad en España. En 2022, se adjudicó a la unión temporal de empresas, UTE, formada por ambas compañías la construcción e implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado por 46 millones de euros, mediante un procedimiento de urgencia y sin publicidad, y en 2024 se les otorgó un contrato de 59.1 millones de euros para prestar servicios de ciberseguridad a entidades locales, beneficiando a municipios de menos de 50,000 habitantes y financiado por la Unión Europea.[5]
La materialización de contratos conjuntos tan significativos en empresas controladas por el Estado le dan ya cierta capacidad de operación al gobierno de España, pero aún deben fortalecer su posición en el sector de defensa para consolidar una industria militar nacional más robusta que les permita capitalizar el gasto militar del programa Re Arm Europe, que busca reducir la dependencia de proveedores de defensa norteamericanos,[6] canalizando 800,000 millones de euros durante los próximos cuatro años para fomentar la industria de defensa europea. En este sentido Indra busca adquirir a su competidor Santa Bárbara Sistemas, filial de la empresa norteamericana General Dynamics, que ha rechazado de inicio la oferta, lo que refleja las tensiones entre la soberanía industrial española y los intereses globales en un contexto de rearme europeo.
También el gobierno español está interesado en que Telefónica adquiera parte o la totalidad de Minsait, la filial tecnológica de Indra, especializada en ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital. Esta operación busca consolidar un “campeón nacional” en tecnología y defensa, con Telefónica liderando en telecomunicaciones y ciberseguridad. Minsait tiene experiencia en proyectos de defensa, como sistemas de mando y control, y podría beneficiarse de los 150,000 millones de euros en préstamos del instrumento SAFE[7] para proyectos conjuntos de ciberseguridad y defensa electrónica.
En el mismo sentido, hay indicios de que Telefónica podría explorar una mayor colaboración o adquisición de participaciones en Hispasat, una empresa de satélites parcialmente controlada por el Estado español, para reforzar sus capacidades en comunicaciones seguras. Hispasat es clave para servicios de defensa, como los proporcionados al Ministerio de Defensa español. Telefónica podría aprovechar su experiencia en telecomunicaciones para integrar servicios satelitales en proyectos europeos.
España está utilizando el programa “ReArm Europe” para posicionar a Indra, Telefónica, y Hispasat como líderes en defensa, ciberseguridad, y comunicaciones, sin una política pública declarada, ni un marco regulatorio transparente. Por esto se les tacha de intervecionistas y le está costando aún mucho más trabajo resolver los conflictos tanto con proveedores de armamento norteamericanos como General Dynamics y europeos como KNDS y Rheinmetall, así como con los operadores de telecomunicaciones como Vodafone y Más Móvil.
La obsolescencia del marco regulatorio neoliberal —basado en la desregulación, la reducción del Estado, la especulación financiera y la supremacía del mercado— plantea la necesidad urgente de reimaginar un Estado más fuerte, más inteligente y más presente para orientar el desarrollo, garantizar derechos y enfrentar desafíos como la desigualdad, la crisis climática o la soberanía tecnológica. El Estado transformador del siglo XXI, que reemplace al mercado, las ONG y a las tecnocracias globales deberá ser robusto, justo, inteligente y profundamente democrático. Solamente así será capaz de articular lo colectivo en tiempos de crisis.
[1] La transformación de los organismos reguladores de mercado – Revolución 3.0
[2] El Gobierno aprueba con condiciones que la saudí STC eleve al 9,97 % su capital en Telefónica
[3] SEPI tiene 28% de participación en el capital de Indra y 10% en el de Telefónica
[5] Telefónica, Indra y TRC prestarán servicios de ciberseguridad a entidades locales por 59 millones
[6] La OTAN depende significativamente de proveedores norteamericanos, como Lockheed Martin, Boeing, y General Dynamics, para sistemas clave como cazas (F-35), misiles (Patriot), y vehículos blindados. EE. UU. aporta aproximadamente el 70% del presupuesto de defensa de la OTAN y lidera en tecnología militar, lo que crea una dependencia estructural para los aliados europeos.
[7] Security Action for Europe
