(2 de julio, 2014).- Hace apenas unos días, Wikileaks proporcionó a La Jornada (20/06/2014) un documento donde se menciona a un grupo de 50 países que han negociado la implementación de reformas y proyectos que tienen como finalidad la apertura de servicios que han sido públicos a la participación privada trasnacional. Entre estos servicios se encuentra: salud, telecomunicaciones, educación, entre otros que forman parte de dicha agenda.
Sin ningún tipo de información para los ciudadanos y sin debate en los parlamentos sobre la participación de los países dentro del grupo, el denominado Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) comenzó a negociarse a principios de 2012, bajo la dirección de Estados Unidos, según dicho documento.
El TISA, según la red Internacional de Servicios Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), es parte de una “ola de acuerdos comerciales y de inversión” que tiene planteado funcionar a partir de la desregulación jurídica del mercado por parte de los Estados firmantes. Es decir, que las empresas privadas extranjeras que se establezcan en un país miembro, tendrán los mismos derechos que las empresas nacionales y será el Estado el encargado de reformar las leyes necesarias para que esto se logre. En última instancia, se estarán favoreciendo los intereses corporativos del capital privado, que tendrán posibilidad de maniobrar sobre las leyes, los poderes estatales y las necesidades de la población.
Por otra parte, la Organización Mundial de Comercio (OMC), “la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países”, según su página web, se encarga de establecer acuerdos entre aquellos miembros bajo el principio de liberalización. Algunos de los acuerdos son la reducción de aranceles aduaneros “y otros obstáculos al comercio”, tratando de “abrir y mantener abiertos los mercados de servicios”. Éstos, explican, son obligatorios para los países miembros (160 hasta el 26 de junio de 2014), que son forzados a transparentar sus políticas comerciales y a informar sobre las leyes y medidas adoptadas para llevarlos a cabo. Periódicamente, las normas son revisadas por el organismo.
En 2011, durante la octava conferencia ministerial de la OMC, el Secretario de Economía, Bruno Ferrrari, afirmó que “México, aún en plena crisis y con las naturales resistencias internas que siempre se tienen, ha continuado reduciendo sus niveles de protección y facilitando el comercio”.
En otro momento, durante la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (abril de 2013), Christine Lagarde, aseguró que Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, estaba determinado a implementar una serie de reformas, así como la “privatización de varios sectores de la economía” para lograr un repunte financiero. La actual directora gerente del FMI dijo estar “impresionada” por la capacidad del Presidente para aglutinar a su alrededor a otros partidos políticos y lograr con ellos una transformación del país. Mencionaba las reformas al sistema educativo, el sistema de salud, privatización en el sector de las telecomunicaciones, entre otros.
Los anteriores son apenas tres ejemplos cortos del poder e injerencia que tienen los organismos internacionales dentro de las prácticas políticas de los distintos Estados a nivel global; han sido criticados por efectuar prácticas antidemocráticas a la hora de tomar decisiones y por su clara tendencia de favorecer a los sectores privados y grandes corporativos.
Para Joseph Stiglitz, economista en jefe del Banco Mundial (1997-2000), las decisiones del FMI se han basado en consideraciones ideológicas e intereses compartidos con el Departamento del Tesoro y no en datos o referencias objetivas. Según el premio Nobel de Economía, estas instituciones carecen de legitimidad política pues no han sido elegidas por una ciudadanía, además de que no han sido capaces de establecer nuevos métodos en la toma de decisiones.
Es necesario anotar que una de las características más importantes que distingue a la democracia de otras formas de gobierno, al menos formalmente, es que las decisiones trascendentales (aquellas que modificarán el modo de organización de la sociedad, la disposición de los recursos naturales, el fin que persigue la comunidad, la elección del presidente, entre otras) son tomadas o avaladas por una mayoría representativa de sus ciudadanos. Ya sea de manera directa como en el caso de Suiza, donde las medidas son votadas y sometidas a referéndums ciudadanos, o de manera representativa como en el caso mexicano, donde los partidos políticos u otras instituciones son las encargadas de canalizar las propuestas ciudadanas, de oponerse o avalar las medidas propuestas por el ejecutivo u otro poder.
Las reformas que se han realizado en México y otras partes del mundo, no han sido consultadas a la población directa o indirectamente, sino determinadas en instancias que no han sido elegidas libremente por los ciudadanos, de tal suerte que es necesario preguntarse por el papel que juegan los individuos en la democracia actual.
