Ivonne Acuña Murillo
Durante la llamada “Guerra Fría” entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tuvo lugar entre 1945 -fin de la Segunda Guerra Mundial- y 1989 -caída del Muro de Berlín-, el mundo conoció dos modelos económico-políticos, el capitalismo y el socialismo, los cuales rivalizaban presentándose ante las diversas naciones como las formas de vida social más avanzadas y con mayores ventajas.
Ambas superpotencias pretendieron extender su forma de gobierno al mayor número de países, satanizando al modelo contrario y mostrando las bondades de su propio proyecto. Esto favoreció a quienes vivían en los países capitalistas, que bajo el Estado de bienestar (1940-1982), constataron una mejoría notable en su nivel de vida, un aumento en las oportunidades de desarrollo, en la cantidad y calidad de los empleos, un notable incremento salarial, buena seguridad social y educación, etcétera. Todo bajo el cuidado de los Estados nacionales que tutelaron, con más o menos eficiencia, el bienestar de grandes núcleos de población, haciendo casi innecesaria la solidaridad social al minimizar al máximo los efectos negativos del mercado a través de subsidios, precios de garantía, aranceles fronterizos, educación gratuita, seguridad social, etcétera.
Con el fracaso del “socialismo real” y la disolución de la Unión Soviética, en 1991, un único modelo se convirtió en el destino del planeta entero. La necesidad de “suavizar” la lógica capitalista, ante la amenaza de expansión del socialismo, desapareció. Una vez destruida la competencia el capitalismo se ha presentado con toda su brutalidad, tal cual es. Ni los gobiernos, ni las grandes empresas se preocupan ya por ofrecer una cara más amable, los métodos de manipulación, cooptación, contención, represión se han refinado al punto de suponer un control casi total sobre la población mundial, poco más de un tercio de la cual vive bajo la línea de la pobreza , marcada por un ingreso no superior a 2 dólares diarios, y más de mil millones sobreviven con un dólar al día.
La política de redistribución de la riqueza fue abandonada al punto que 85 personas acumulan una riqueza equiparable a la que reúnen los 3 mil 500 millones de personas más pobres del mundo. Casi la mitad de la riqueza planetaria está en manos del 1 por ciento de la población mundial, mientras que el 99 por ciento se reparte la mitad restante.
Este cambio de paradigma, en el que el capitalismo dejó de ser un sistema manufacturero-industrial para convertirse en un sistema de consumo y especulación financiera, ha llevado al límite a la economía mundial y ha hecho quebrar a países como Argentina, Grecia, Finlandia, España. Éste último se muestra como el ejemplo de lo que le espera a aquellas naciones que hasta hoy han logrado sortear los embates de las crisis financieras: tasas de desempleo superiores al 25 por ciento, esto es, una cuarta parte de su Población Económicamente Activa no encuentra trabajo; personas jubiladas y sin recursos que tienen que enfrentar el desalojo de sus viviendas ante la presión de sus acreedores (Bancos en su mayoría); el suicidio después de una vida productiva y ante la amenaza de ser lanzados a la calle; la precariedad en el empleo, el desamparo y la pobreza aparecen por supuesto en el escenario español como resultado de las políticas depredadoras que sus últimos gobiernos han accedido a aplicar, bajo la presión de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que responden más a los intereses de los grandes corporativos y las élites mundiales que a las necesidades de una población llevada cada vez más al límite de la supervivencia y la violencia que la escasez de recursos conlleva.
Pero la falta de oportunidades, el desempleo, la precariedad, la pobreza o el suicidio no son lo único que acecha a las y los españoles, a lo anterior habrá que sumar la “Ley de Seguridad Ciudadana”, con la cual se pretende controlar y criminalizar la protesta social pacífica, bajo la falsa imagen de una mejor regulación de la vida social y sus manifestaciones públicas, como denuncia la dramaturga y directora sueca Astrid Menasanch Tobieson en una carta abierta.
Pero este no es ni con mucho el único atentado a la libertad individual, otros ámbitos de decisión están siendo trastocados, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en caso de embarazos no deseados.
En España como en muchos Estados-nacionales se están ejecutando medidas encaminadas a controlar a sangre y fuego a una población cada vez más inconforme con su precaria situación de vida: personas productivas que no encuentran trabajo; jóvenes que no estudian ni trabajan, en su mayoría no por la falta de ganas sino de oportunidades; mujeres que ven restringidas sus posibilidades de desarrollo y decisión; personas de la llamada “tercera edad” cuya falta de pensiones o la insignificancia de las mismas los mantienen al límite de la miseria, si no es que ya en ella; la clase media empobrecida que no puede, por más que trabaje, recuperar los niveles de vida que tenía hace 20 años, y un sinnúmero de sujetos afectados por un modelo económico-político depredador que devasta amplias formas de vida, sin brindar alternativas viables.
España es sólo un ejemplo de una tendencia que amenaza a la clase media empobrecida y a los sectores menos favorecidos de la gran mayoría de países en el mundo, por lo que las preguntas aquí son: ¿México, qué tan cerca está de replicar la situación española? ¿Qué tanto tiempo falta para que comiencen a dispararse de manera incontrolada las tasas de desempleo, para que los desahucios por falta de pago se vuelvan algo cotidiano, para que se regule la protesta callejera y se criminalice la protesta social, para que aumente el número de suicidios por falta de oportunidades? ¿Se encuentra ya el país a mitad del camino aunque su población no alcance a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones que los últimos gobiernos han tomado en “su nombre” y “por su bien”? ¿Son las reformas estructurales: laboral, educativa, fiscal, financiera, energética, política parte de un proyecto mundial para llevar el “nuevo” modelo capitalista hasta sus últimas consecuencias? Si es el caso ¿Cómo detener el avance de un proceso que pone en riesgo a sociedades completas? ¿Qué debe hacer la ciudadanía para defender los derechos ganados en un más de un siglo de lucha social? ¿Cómo quebrar la lógica impuesta por la sobrevaloración del dinero y la ganancia y volver a darle un rostro humano a la economía y la política?
Muchas deberán ser las respuestas a tantas interrogantes, parte de las cuales pueden ser aportadas por las y los lectores quienes seguramente ya han vivido, están viviendo o están a punto de vivir parte de las situaciones arriba narradas, por lo que acertarán al pensar en qué parte del proceso español se encuentra México. Esto por supuesto, debe hacerse al margen de las cifras “maquilladas” con las que los diversos gobiernos tratan de ocultar una realidad que desborda cualquier estadística.
De cualquier modo, vayan aquí algunos datos, oficiales incluso (con las reservas del caso), que permitan una reflexión más informada y una toma de postura en torno a las interrogantes planteadas: de acuerdo con la CEPAL aumentó en un millón el número de pobres en México, entre los años de 2010 y 2012; el aumento en el número de millonarios en México supera el promedio mundial en 2013; México es considerado por The Economist como un país con “alto riesgo” de presentar disturbios sociales debido a una amplia desigualdad de ingresos y un bajo nivel de prestaciones sociales, entre otros factores; en las últimas 3 décadas se ha dado un aumento de 300 por ciento en suicidios de niños, adolescentes y mujeres; durante el sexenio de Felipe Calderón, en 19 estados de la República Mexicana (Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintara Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán) se aprobaron leyes antiaborto, mismas que anularon incluso las causales legales como malformación del producto, violación o peligro de la vida de la madre, gracias a convenios entre legisladores locales del PAN y el PRI. Como resultado, decenas de mujeres han sido encarceladas aún por abortos espontáneos o abortos después de una de violación, anulando totalmente el derecho sobre su propio cuerpo, siendo el estado de Guanajuato uno de los más activos en contra de las mujeres y sus derechos y el único estado que se negó a promulgar una ley en contra de la violencia de género.
