De acuerdo la tercera ley de Newton a cada acción corresponde una reacción, algo que presenciamos todos los días en los diversos frentes públicos, sobre todo porque el presidente Andres Manuel López Obrador decidió asumir su ejercicio en el gobierno para no repetir los métodos y vicios de siempre y con la premisa de limpiar la casa carcomida por la corrupción. Su determinación genera costos y reacciones aunque también es la única forma de hacer Historia.
La intensa batalla por lograr una administración pública más honesta y cercana al pueblo conlleva consecuencias y posturas adversas de quienes se enquistaron en las cercanías del poder en sus más altas esferas o en niveles intermedios y que se protegían, unos a otros, para saquear al erario.
Precisamente la lucha estratégica emprendida por AMLO es lograr que los beneficios sean sociales y no particulares. Dejar enterrada la máxima anterior en la que se se privatizaban las ganancias del reparto del botín para unos cuantos y se socializaban las pérdidas para las mayorías.
Hoy presenciamos una auténtica transformación administrativa que implica, no destruir instituciones, como gritan algunos inconformes, sino compactarlas y volverlas más eficientes, y en su caso, orientarlas para que los beneficios lleguen de forma directa a los más necesitados.
Una transformación que se da a partir del diagnóstico central de AMLO resumido en la corrupción como “el tema de temas”.
Por eso en el corazón de esta revolución administrativa, puesta en marcha desde el 1 de diciembre de 2018, está la simplificación. López Obrador sabe que en la medida en que el dinero público pasa por más manos se multiplican las posibilidades de que los coyotes, saqueadores de cuello blanco e intermediarios se queden con los recursos públicos. En este sentido, no suprime instituciones sino sus excesos y corruptelas.
AMLO no dinamita instituciones y, por el contrario, crea otras sin todos los procesos intermedios que las capturaban y llenaban de intereses perversos, los cuales terminaban por asfixiarlas. Hoy los apoyos constitucionales a adultos mayores, a jóvenes alumnos y aprendices y a personas con discapacidad se garantizan porque se entregan directo, sin grupos de intermediarios.
El presidente por igual crea el Banco del Bienestar, el que será el banco más extenso del país, para que los más marginados y excluidos del mercado dispongan sin comisiones y sin tener que movilizarse kilómetros de lo que le corresponde por derecho constitucional.
En este contexto, el domingo pasado en Huauchinango, Puebla, el presidente quedó en medio de grupos de intermediarios molestos que, al igual que los grupos privilegiados de hasta arriba, quisieran verlo retroceder; tirar la toalla y declararse vencido en su lucha contra la corrupción. Si el presidente pierde ellos ganan en su intento restaurador del régimen de privilegios.
Es claro que si AMLO hubiera optado por el modelo de gestión anterior de ayuda por emergencias, los 35 mil pesos que hoy ha destinado el gobierno federal a cada familia damnificada por el Huracán Grace en Puebla, Hidalgo y Veracruz, no hubieran llegado a los beneficiarios, o quizá solo migajas.
En su batalla por la simplificación administrativa y el envío directo de recursos, AMLO toca intereses no sólo de la cúpula sino de intermedios que optaron por acomodarse en la dinámica perversa de la corrupción sin considerar los costos sociales.
El presidente López Obrador ha decidido cambiar las reglas del juego. Unos no se acostumbran, ni lo harán. Seguirán apostando a que AMLO se desgaste y doble. Otros se adaptan a las nuevas circunstancias con entusiasmo.
Al final, lo importante es lo que diga la mayoría; el esfuerzo presidencial sería en vano y efímero sin el indispensable apoyo popular.
