(08 de abril, 2016).- El sello del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) ha sido la descalificación y el desencuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con los organismos de derechos humanos, acusaron las comisiones que dictaminan las leyes sobre desaparición forzada y tortura, quienes se sumaron a la exigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Laura Angélica Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Angélica de la Peña, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República agregaron a su declaración que la administración de Peña Nieto se “equivoca” al pretender cerrar el caso Iguala.
Las titulares de las comisiones invitaron al GIEI a participar en la elaboración de dictámenes de desaparición forzada y tortura.
Por su parte el senador perredista Miguel Barbosa declaró que es un “error de cálculo pretender que con la salida de los expertos de la CIDH podrán mantener su ‘verdad histórica’”, además que habrá demandas a nivel internacional si el gobierno peñista decide concluir el trabajo del GIEI mientras no se haya resuelto el caso Aytozinapa.
El senador Encinas apuntó que el gobierno federal tiene como fin en la investigación del caso Iguala evitar procesos contra los militares supuestamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”.
Para Laura Angélica Roja “hay una regresión del gobierno del PRI, que rechaza abrirse al escrutinio internacional y quiere esconder bajo el tapete lo que está mal en el país. A toda costa quiere evitar que se sepa en el mundo que en México vivimos una crisis de instituciones, no sólo en el tema de derechos humanos, sino también en el de corrupción’’.
Entre los defensores de derechos humanos a quienes el gobierno de Enrique Peña Nieto les ha negado el retorno a México ha sido al relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, quien no puede visitar el país de manera oficial.
Con información de La Jornada
