(8 de diciembre, 2014).- Al margen del rezago social y económico que se vive en todo México, la franja del sur comprendida por Guerrero, Oaxaca y Chiapas resaltan por la gravedad de su situación, pues mientras las entidades de la frontera norte y la zona del bajío tuvieron un aumento del 40 por ciento en su PIB durante los últimos 20 años, estos tres sufren todavía el llamado tercer mundo. Si a ello se le suma la colusión del narco en las instituciones municipales, el resultado son masacres como la vivida en Iguala sobre los normalistas.
El estallido social suscitado por el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, puso a tambalear a un de por sí ya endeble gobierno peñista. Producto de ello, Peña Nieto propuso una serie de reformas que plantean atacar de frente los delitos a la par de un desarrollo económico en las zonas más necesitadas. Uno de los puntos presentados hace unas semanas, contempla el combate a la filtración del crimen organizado en los gobiernos municipales que desde ya parece complicado.
Entre los puntos expuestos por Peña, aparece la capacidad del Ejecutivo federal para suspender o diluir la administración municipal, bajo la petición de la Procuraduría y con anuencia del Senado de la República. Este modelo recuerda al adoptado en Italia durante la década de los noventas, con una zona sur liderada por Sicilia con fuerte presencia de la mafia y subdesarrollo económico, mientras que su zona norte en pleno desarrollo.
La propuesta de Peña, que supuestamente la suspensión de múltiples Ayuntamientos con severas sospechas de colusión con el crimen organizado, está acompañada de la desaparición de 170 mil agentes de seguridad municipales, que pasarían a depender de los cuerpos estatales. Dicho proceso tardaría aproximadamente ocho años en concretarse, y de principio sólo se aplicaría en Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán, de profundos problemas con la violencia y la inseguridad.
“Cuidado con emplear el mazo, donde hace falta el bisturí. Son dos medidas con las que hay que ser precavido”, manifestó como advertencia el especialista mexicano en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope.
Ya agregó: “Antes de liquidar un Ayuntamiento deben agotarse todas las posibilidades de que se disponen para frenar la infiltración y, desde luego, hay que generar candados muy potentes para evitar abusos. Y con la disolución de las policías municipales, no hay que olvidar que los cuerpos estatales también necesitan de mejoras. La absorción no es sencilla; son entidades muy pequeñas y hay que estar atentos a que no se corrompan, porque entonces el efecto es mayor que con una policía local”.
Por su parte, el especialista en economía del Colegio de México, Gerardo Esquivel manifestó que “indudablemente, este plan puede ayudar a la región, pero es insuficiente. Una zona tan pobre requiere de una estrategia de desarrollo integral, de una inversión masiva de infraestructura que cambie la dinámica de esas tierras”.
