Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(7 de mayo, 2013). – “México está vergonzosamente fuera de un tratado internacional para el combate a la pobreza”, sentenció este lunes Amnistía Internacional (AI), luego de que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) sin la participación de nuestro país.
El protocolo establece un mecanismo para que las víctimas de violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) puedan exigir justicia, prevenir nuevas violaciones y recibir la reparación del daño.
“[Dicho protocolo] proveerá una importante plataforma para exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, mismos que hasta el momento las víctimas tienen que soportar sin poder apelar a ningún recurso a nivel internacional”, señaló la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
AI señaló que México fue uno de los impulsores del protocolo; sin embargo, no lo ha firmado ni ratificado, lo cual pone en “entredicho” la credibilidad del compromiso del gobierno para la erradicación de la pobreza. Esto, pese a que el pasado 21 de enero, en la firma del decreto que crea el Sistema Nacional Contra el Hambre, Enrique Peña Nieto expresó que “resulta lastimoso, lamentable y doloroso que aún existan mexicanos que enfrentan hambre en todas las entidades de la República”.
“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una tragedia de derechos humanos y ningún esfuerzo para combatirla tendrá resultados efectivos y duraderos si no se ponen los derechos humanos al centro de esta lucha” afirmó Daniel Zapico, director ejecutivo de AI en México.
Actualmente 41 países han firmado el protocolo, entre los cuales se encuentran Alemania, Chile, Costa Rica, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala y Venezuela. De ellos, Argentina, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Eslovaquia, España, Portugal y Uruguay lo han ratificado. El protocolo entró en vigor tres meses después de la ratificación del décimo país, lo cual ocurrió el 5 de febrero con la acción de Uruguay.
Asociaciones integrantes de la Campaña Mexicana por la Ratificación del PF-PIDESC –como CENCOS, Greenpeace México, ALConsumidor, entre otros– hicieron un llamado al Gobierno de la República y a la Cámara de Senadores para acelerar la firma y ratificación del protocolo: “Reiteramos el llamado al gobierno federal y al Senado de la República, para que congruentes con sus obligaciones de Estado en materia de derechos humanos, hagan accesible a la población este mecanismo internacional de justiciabilidad de los DESC, procediendo a su pronta firma y ratificación”, dice en la página web Ratificapfpidescmex.org
Al respecto, Daniel Gershenson, integrante de ALConsumidor, explicó a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que los países que han ratificado el protocolo pretenden incorporar y fortalecer a la sociedad civil, que ha sido el gran ausente en las decisiones claves. “No es sorpresa que México no haya firmado el protocolo ya que el compromiso discursivo de parte de las autoridades mexicanas siempre ha estado divorciado de la realidad”, criticó Gershenson.
Actualmente existen 52 millones de pobres en México, equivalentes a cerca del 50 por ciento de la población del país, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
