(17 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La desaparición de los 43 es uno de los más grandes estigmas por el que al PRI se le recordará en la historia de este país. No importa si Peña Nieto ordenó o no su desaparición. Lo que sí es un hecho es que no los regresó, ni siquiera se observó un verdadero trabajo de investigación y sí un largo proceso para estancar el caso, y en un primer momento hasta esconder el hecho.
Tlatlaya marcó el inicio de una serie de violaciones a derechos humanos abiertas y en colectivo (para este sexenio), fue la ejecución extrajudicial más conocida y que dio la vuelta al mundo, y poco después llegó la desaparición forzada de los 43 normalistas y mundialmente conocida y la que expuso que en lugar de fuerzas del orden el gobierno de Peña Nieto tiene sicarios. Esos eran los dos eventos que marcaban el regreso del PRI, pero ahora más sinvergüenza y sin pudor alguno.
Tenemos a un gobierno asesino que no le pide nada a los Zetas, que según declaraciones de algunos que hoy están en prisión en Estados Unidos, disfrutaban la muerte de sus víctimas. Así las fuerzas armadas parecen disfrutar las masacres, las desapariciones que cometen y se cometen en el país. Peña Nieto es un violador de derechos humanos, su equipo lo es.y protegen la impunidad por medio de la mentira y de la negativa constante, como a la ONU a quienes le dicen que no hubo tortura. Hablamos de un PRI siniestro que no para, el sexenio está por terminar pero incluso hay ataques gravísimos contra la población que aún no están documentados. Por lo que sería aún más siniestro es darle el poder a quienes estuvieron al mando del llamado ‘sexenio de sangre’ (es decir con Calderón) y el ahora sexenio de la muerte y las desapariciones (al mando del PRI)”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, la activista Sandra Romero.
En tanto, al fijar su posición después de la publicación del informe Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, presentado ayer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sostuvieron que ahora es todavía más evidente que la teoría del Basurero de Cocula fue una fabricación y exigieron avances concretos y relevantes en la investigación.
Las familias especificaron que no están defendiendo a los presuntos responsables ni juzgando si son culpables o inocentes, sino exigiendo conocer la verdad de lo sucedido con sus hijos en vez de una ‘verdad’ fabricada bajo tortura.
Y acusaron que el conjunto de irregularidades y alteraciones de documentos y escenas realizado por la PGR y confirmado por el documento de la ONU-DH ha provocado que madres y padres no puedan acceder a la verdad.
Lamentaron que, “en los tres años y medios transcurridos desde los hechos en la ciudad de Iguala, el Gobierno federal se ha dedicado a mentir y encubrir a funcionarios en vez de asumir sus responsabilidades y explicar con pruebas lo sucedido con los estudiantes. El informe de la ONU es la investigación de la investigación de un gobierno mentiroso que nos quiere imponer su mentira histórica”, explicó don Mario González.
Afirmaron que, como desde el primer día, siguen preguntando dónde están sus hijos, y reiteraron que continuarán en su lucha.
Las familias ponderaron el valor del informe de la ONU-DH al confirmar la existencia de un patrón de tortura contra las personas detenidas, particularmente en los casos de aquellos bajo cuyas declaraciones se construyó la teoría del Basurero de Cocula, seguido del encubrimiento a los funcionarios responsables. “Esto nos da más información pues a estas personas las obligaron a declarar lo que sus torturadores querían escuchar y no la verdad”, agregó don Mario González.
Doña Cristina Bautista sostuvo que el informe de la ONU exhibe que el gobierno ha mentido en su teoría del caso, como lo exhibieron anteriormente tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Por ello, exigieron madres y padres, la PGR debería retirar ya la narrativa del Basurero de Cocula.
“¿Por qué no han detenido a los policías federales que estuvieron en el Puente del Chipote y que incluso hablaron con los policías municipales cuando se llevaban a nuestros muchachos? Porque no quieren decir la verdad”, cuestionó don Emiliano Navarrete, quien destacó otra inconsistencia.
“En tres años y seis meses ha sido una basura lo que el Gobierno ha mostrado. Agarran a La Rana cuando lo relevante sería que investigaran a Aguirre o a Iñaky Blanco o determinaran la participación del Ejército”, agregó don Epifanio Álvarez.
Los padres señalaron que ya no pueden tener expectativas en unas autoridades que les han mentido sistemáticamente y los han ofendido, a menos que hubiera avances concretos en las líneas de investigación delineadas por el GIEI.
